Bolaños subraya que la nueva LECrim no obedece a causas actuales y acusa a Sumar de defender la acción popular como Vox

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) "no tiene nada que ver con ninguna causa abierta" que afecte al Gobierno y ha criticado que Sumar, socio de coalición, defienda que no se limiten las acusaciones populares, "la misma posición que Vox".

Durante la Comisión de Justicia del Congreso, el ministro ha presentado el nuevo proyecto --impulsado por el Consejo de Ministros y pendiente de aprobarse por las Cortes-- que cambiará la forma en la que se dirigen las investigaciones penales, actualmente a cargo de los jueces de instrucción, para dejarlas en manos de los fiscales. Además, la norma permitirá que el mandato del fiscal general del Estado no coincida con el del Gobierno y limitará la figura de las acusaciones populares para excluir a los partidos políticos.

"La reforma de la LECrim no tiene nada que ver con ninguna causa hoy abierta, absolutamente nada", ha querido garantizar, a la vez que ha calificado de "imprescindible" aprobar esa ley porque es "necesaria" para agilizar la justicia española.

Y ha negado que la reforma busque "proteger" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez: "No y mil veces no. Esta ley entrará en vigor el 1 de enero del 2028, la empezará a aplicar un fiscal general del Estado que será nombrado por el Gobierno que salga de las urnas en 2027".

De pasar las investigaciones penales a la Fiscalía, Bolaños ha señalado que es un sistema "más garantista" porque habrá tres jueces antes de una sentencia: uno de garantías que confirme o revoque las decisiones del fiscal en la investigación, otro que determine si la prueba está correctamente establecida o si son necesarias más diligencias y, en tercer lugar, el que juzgue y sentencie.

El ministro ha defendido también la limitación de las acusaciones populares señalando que es un modelo que "no existe en otros países de Europa, sólo en España y en Andorra por imitación".

Ha indicado que lo incluyen en la reforma por las "reiteradas sugerencias de modificación" por parte del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para evitar, ha dicho, "usos espúreos de la misma" por, a su juicio, "organizaciones ultraderechistas persiguiendo a políticos progresistas".

Respecto a los cambios planteados en el Estatuto Orgánico de la Fiscalía, el titular de Justicia ha indicado que se va a reforzar la "autonomía" del Ministerio Público frente tanto al Gobierno central como a los autonómicos.

Bolaños ha afirmado que se va a restar poder al fiscal general, ya que el mandato pasará a ser de cinco años, "desvinculado por completo del Gobierno y no será renovable".

Al hilo, ha destacado que la Junta de Fiscales "refuerza su papel" porque podrá revocar decisiones del fiscal general con una mayoría de tres quintos y ha agregado que "el Ministerio Fiscal ya hoy actúa con autonomía, con independencia, con criterios técnicos y, además, con estricto cumplimiento del principio de legalidad".

JUNTS AVISA DE ENMIENDAS A LA TOTALIDAD A LA REFORMA

Por parte de los grupos parlamentarios, PP y Vox han criticado que la nueva ley pretenda "concentrar" más poder en el fiscal general del Estado, "justo en el momento en el que el actual ha causado un enorme daño a la institución", tal y como ha manifestado la 'popular' María Jesús Moro.

"Esta ley consolida un Ministerio Fiscal más dependiente aún del Gobierno, cuando tendría que ser precisamente todo lo contrario", ha resumido Moro. En este sentido, ha censurado que esta reforma "se suma a un elenco" de leyes "dirigidas a controlar la acción de la justicia" por "investigar casos de corrupción del entorno del Gobierno".

Moro ha expuesto que la reforma sigue concentrando los poderes en "el superfiscal general". "Lo que había que hacer para mejorar la autonomía y la independencia es que el Consejo Fiscal tenga más competencias", ha manifestado.

Javier Ortega Smith, diputado de Vox, ha declarado que el "control" que tendrían los fiscales sobre la Policía Judicial es una "acción peligrosísima" y ha mencionado que "el mayor de los males" de la justicia es "el intento sistemático de politización y control", así como "la destrucción de la independencia real del Poder Judicial como uno de los poderes del Estado".

Por su parte, el diputado de Junts Josep Pagès ha manifestado que les parece "de mal gusto" que se presente una reforma legislativa que deja en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales "en pleno juicio al fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno", añadiendo que lo que el Ministerio pretende "no es la mayor transformación, sino la mayor adquisición" de la justicia.

Y ha lamentado que el Gobierno no haya hecho "una reflexión estructural sobre los déficits democráticos de la justicia española que arrastra desde el franquismo". Asimismo, ha cargado contra jueces y fiscales, a lo que Bolaños ha replicado que ni comparte ni acepta esas "faltas de respeto" que se acuse de "prevaricación generalizada" de forma "absolutamente injusta".

El diputado catalán ha recordado que, tras romper Junts con el Gobierno y romper la mayoría absoluta con la que contaba, ha presentado enmiendas a la totalidad a las leyes que el Ejecutivo de Sánchez tiene en trámite parlamentario, resaltando que incluye en ellas las reformas judiciales.

Bolaños también ha mencionado que las leyes que están en tramitación van a seguir "reforzando la defensa y la utilización del catalán y de las lenguas oficiales" en la justicia.

"Claro que la utilización de la lengua materna de muchos españoles, que es el catalán, que es el euskera, que es el gallego, tiene que ser, por supuesto, un derecho. Y en esa línea vamos a trabajar", ha expresado.

SUMAR REPROCHA LA COMPARACIÓN Y VOX DICE QUE NO SE PARECEN EN "NADA"

Por Sumar, Enrique Santiago ha pedido que la LOECrim se tramite "simultáneamente" con la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para "que nadie se asuste" al pensar que los procesos penales van a estar "controlados por el Gobierno".

Y en cuanto a la restricción de las acusaciones populares, ha manifestado su "discrepancia" con "la limitación de los sujetos legitimados" para ejercerla.

El diputado se ha referido a la exclusión de los sindicatos mientras que se permite que "organizaciones empresariales lleven adelante acusación popular", ante lo cual el ministro ha garantizado que las entidades sindicales podrán actuar en defensa de los derechos de los trabajadores, pero ha criticado que Sumar tenga "la misma posición" en este punto "que ha expresado el grupo ultraderechista Vox".

Santiago ha reclamado "aclarar" los "criterios de vinculación a fuerzas políticas que puedan llevar a la exclusión del ejercicio de la acusación popular", ya que "no se puede" aplicar el criterio de manera "arbitraria", defendiendo que esta figura ha sido clave en causas de corrupción que afectan al PP.

El también diputado de IU ha afeado que Bolaños les compare con Vox. "Usted ha votado un 31% de veces en el parlamento en el año 2024 con Vox, con lo cual no utilicemos esos argumentos", ha espetado, y Ortega Smith se ha sumado a esa crítica: "Nada nos puede parecer a Sumar".

Mientras que el diputado del PSOE Francisco Aranda ha elogiado lo que considera "una transformación sin parangón en la justicia de nuestro país" y un "hito histórico".

Aranda ha interpelado directamente al Partido Popular, indicando que "es una ley que, si fuera aprobada, garantizaría tanto la independencia judicial y fiscal, que los haría incluso independientes de ustedes".