Bravo (CGPJ) niega que haya "un cordón umbilical" entre los partidos políticos y los magistrados del TC

EP

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha defendido la "absoluta independencia" de los magistrados del Tribunal Constitucional y ha negado la existencia de cualquier "cordón umbilical" entre los partidos políticos y estos cargos.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Bravo ha recordado que los miembros del Constitucional no dependen del CGPJ, si bien ha recordado que el órgano de gobierno de los jueces también venido siendo acusado de ser una "correa de transmisión de los partidos políticos".

En este sentido, ha defendido que una vez que los cargos juran la Constitución, desempeñan su trabajo con "absoluta responsabilidad". "No hay ningún cordón umbilical, ni muchísimo menos, eres absolutamente independiente", ha señalado, al ser preguntada sobre los miembros del Constitucional.

En todo caso, ha considerado que los magistrados deben "tener como cualquier ser humano su ideología". "No somos autómatas. Forma parte de tu propio caudal intelectual a la hora de interpretar, no es incompatible con resolver un asunto conforme a un criterio jurídico", ha argüido, para admitir que el retraso en la renovación del alto tribunal "no beneficia" al funcionamiento de la institución.

GARZÓN

Preguntada si al CGPJ le incomoda debatir sobre el futuro del juez Baltasar Garzón, suspendido cautelarmente de sus funciones desde el pasado mayo, Bravo ha precisado que más bien le "preocupa" tratar cualquier asunto en el que un juez está incurso en procedimientos penales.

La portavoz del órgano de gobierno de los jueces también ha hecho referencia a la posibilidad de modificar el acceso a la carrera judicial y ha argumentado que, si el sistema universitario ha cambiado con la aplicación del plan 'Bolonia', "habrá que prever si se exige otro requisito al margen del grado".

Tras recordar que el CGPJ ha propuesto exigir un master a los opositores, ha advertido de que el número de alumnos ha descendido en 3.500 personas. "No estamos hablando de hacerlo más fácil, sino de adaptarlo a las nuevas necesidades", ha señalado.

Por último, ha sido preguntada si el caso de Marta del Castillo debe ser juzgado por un jurado popular o un tribunal profesional. A este respecto, ha aseverado que la decisión corresponde tomarla al legislador, si bien ha destacado que el jurado popular "ha dado pruebas de que ha funcionado bien, salvando alguna excepción". "No hay que tener miedo ni a uno ni a otro. Van a intentar actuar con máximo rigor y aplicando la ley", ha concluido.