BRUSELAS, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha ampliado este jueves el expediente abierto contra España por no trasladar correctamente a su legislación nacional las medidas acordadas a nivel de la Unión Europea para reforzar la lucha contra el abuso y la explotación sexual de menores, unas normas que los gobiernos tenían que transponer a más tardar al acabar 2013.
La primera carta de emplazamiento con la que Bruselas inició este procedimiento de infracción contra España data de enero de 2019, pero la falta de avances ha llevado a los servicios comunitarios a ampliar el expediente y remitir a las autoridades nacionales una segunda carta este jueves para detallar las irregularidades que aún detecta.
El Gobierno tiene ahora un plazo de dos meses para tomar medidas con las que corregir la situación, pero si pasado ese tiempo Bruselas considera insuficiente la respuesta podrá dar el segundo paso en el procedimiento con el envío de un dictamen motivado que da un nuevo plazo de diálogo previo a elevar el caso ante la Justicia europea.
España no es el único Estado miembro con retrasos en la transposición de la legislación comunitaria, por lo que la Comisión ha remitido también avisos a Irlanda, Italia y Portugal para instarles a aplicar una norma "esencial del marco jurídico de la Unión" porque introducen normas mínimas en esta materia.
Por ejemplo, establecen definiciones comunes de las infracciones penales y de las sanciones en el ámbito de los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores, la pornografía infantil y el embaucamiento de menores con fines sexuales.
También introduce disposiciones para mejorar la prevención de estos delitos y la protección de las víctimas. La Comisión considera que Irlanda, Italia, Portugal y España han transpuesto incorrectamente determinadas disposiciones de la Directiva relativas a la definición de determinadas infracciones, la prevención y la asistencia a las víctimas
