Caamaño defiende su "máxima colaboración" con el juez Pedraz

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha defendido que su departamento ha puesto todos sus medios disponibles al servicio del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el viaje que tiene previsto realizar a Bagdad (Irak) para inspeccionar el lugar desde el que fue tiroteado en abril de 2003 el cámara de Telecinco José Couso.

Eso sí, ha reiterado que su deber es también informar al magistrado de que se desplazará a una "zona de alto riesgo", según han transmitido los servicios exteriores españoles. "Se trata de un lugar donde no tenemos una colaboración expresa de las autoridades del otro país", ha señalado.

En un desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva Economía Fórum, Caamaño ha argumentado que el Ministerio de Justicia ha gestionado el viaje con las autoridades diplomáticas, ha sacado los billetes y, en definitiva, actúa como "un instrumento colaborador" de la autoridad judicial.

Después de recordar que Irak tiene sus propias Fuerzas de Seguridad, ha afirmado que España no tiene capacidad de movilizar "instrumentos excesivos" para garantizar la seguridad de la comisión judicial. En todo caso, ha vuelto a poner de manifiesto la "máxima colaboración" de Justicia con la autoridad judicial, aunque ha recordado que también trasladará las preocupaciones sobre el terreno que le transmiten los cuerpos diplomáticos.

Por último, ha evitado pronunciarse si puede haber algún tipo de "incidente sobre la validez probatoria" de la inspección ocular y ha añadido que es al juez al que corresponde determinar la conveniencia de practicar esta prueba.

LA FISCALÍA NO ACOMPAÑARÁ AL JUEZ

En un escrito hecho público este lunes, la Fiscalía ha recordado que las autoridades iraquíes no han autorizado la ejecución en su territorio de la comisión rogatoria que solicitó el juez antes de iniciar el desplazamiento y ha renunciado acompañar a Pedraz en su viaje a Irak al considerarlo "inviable legalmente".

Justicia trasladó la pasada semana a Pedraz su "altísima preocupación" ante la falta de seguridad en la que pueda desarrollarse el viaje. En un documento firmado por la directora general de Cooperación Jurídica Internacional, Aurora Mejía, se informaba al juez de que el pasado 10 de enero el Ministerio de Exteriores reiteró al departamento de Justicia los riesgos de seguridad que presenta este viaje "toda vez que no existe un compromiso de colaboración por parte de las autoridades iraquíes y no se disponen de medios propios en aquel país para garantizar la seguridad personal de las 17 o 18 personas que finalmente van a constituir la delegación".

En julio de 2010, Pedraz reabrió por segunda vez la causa por orden del Tribunal Supremo y ordenó la busca y captura del teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, todos ellos de nacionalidad estadounidense, por un delito contra la comunidad internacional, en concurso con un delito de homicidio. Se trata de los tres militares presuntamente implicados en los hechos.

El juez español investiga, en concreto, el "ataque a población civil con la causación de la muerte del señor Couso y el acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o los periodistas".