Caamaño dice que la cláusula sobre inversiones del Estatut no obliga de forma anual sino "en el ciclo" de siete años

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, señaló hoy que la disposición adicional tercera del Estatut, que establece para siete años un nivel de inversión estatal en las infraestructuras catalanas equivalente a la aportación catalana al PIB, no establece explícitamente que este porcentaje deba aplicarse "de año en año, sino en el ciclo global" de los siete años.

Así, señaló que "puede ser perfectamente que un año no se alcance" el porcentaje del 18,8% "y que otros se supere", porque "no lo adjudica año a año, sino que dice que ese porcentaje se tendrá en el ciclo global".

Aunque el acuerdo entre el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y el conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, fija una inversión del 18,8% anual y establece cláusulas de garantía con las que si en algún año no se alcanza este porcentaje deberá recuperarse en ejercicios posteriores, Caamaño expresó una posible interpretación de la disposición adicional tercera que, por el contrario, podría haber determinado una inversión media del 18,8% en el conjunto de los siete años.

Justificaba así el hecho de que en los Presupuestos Generales del Estado para 2007 se acordara un método de cálculo distinto que ofrecía una cifra de inversión inferior.

El representante del Gobierno del PSOE reconoció también que "el proceso estatutario puso de relieve que en Cataluña había un déficit de infraestructuras constatable, verificable y perfectamente apreciable" que debía ser solucionado, y que se había de producir, dijo, porque la inversión estatal en grandes infraestructuras se había centrado en "las regiones que podían recibir ayudas de los fondos europeos". Es por eso, dijo, que la cláusula estatutaria se prevé para siete años, que es el periodo en el que España "tiene aseguradas" aportaciones de los fondos europeos.

Durante unas jornadas sobre reformas estatutarias celebradas en el Parlament de Cataluña, Caamaño consideró "imprescindible" que "los poderes centrales" del Estado sigan manteniendo el papel de "gestores de la inversión" en las comunidades, al considerar que esa es "una decisión que debe estar legitimada por el conjunto de los ciudadanos".

Criticó que en algunas comunidades se haya interpretado el acuerdo de inversiones con Cataluña como "que los catalanes han arrancado al Estado este dinero", cuando no se dijo lo mismo, por ejemplo, en el caso de la inversión del 11% en las obras de la T-4 del aeropuerto de Barajas (Madrid).

Caamaño señaló también que el proceso de reformas estatutarias ha puesto "de manifiesto que la Constitución exige un sistema de financiación solidario que no produzca efectos hipersolidarios" en algunas autonomías en detrimento de otras, por lo que era "obligatorio" e "inevitable" reformar el modelo para que "las comunidades dejen de ser haciendas de transferencia y sean responsables de gastos".

Sobre el nuevo sistema de financiación pactado, lo definió como "más coherente y homogéneo que el que había antes", y destacó que establece "una mayor corresponsabilidad" de las comunidades que consideró "fundamental". Insistió en que los mecanismos de solidaridad no debían "hacer más pobres" a los que más aportaban.

El secretario de Estado de Relación con las Cortes centró su discurso en defender la constitucionalidad del Estatut catalán, esgrimiendo fragmentos de estatutos de otras autonomías aprobados en los años 80 que incluían apartados muy similares a los que se acusa de ser inconstitucionales, como el que dice que el poder del Estatut "emana del pueblo", el de los derechos históricos o las comisiones bilaterales.

Asimismo, defendió para el Estado el rol de "árbitro" entre comunidades, en lugar de actuar como ahora, en que "las tensiones se dan entre las autonomías y el Estado" cuando "muchas veces parten de conflictos entre autonomías". "Si el Estado jugase un papel de árbitro entre comunidades legitimaría mucho más su papel", dijo, y consideró que el Gobierno central debe jugar el "elemento de tomar la decisión final en el conflicto y de pacificador".

En este sentido, opinó que debería hacerse la "reforma del Senado", que definió como "una tarea prioritaria y fundamental" en el momento actual, y consideró que estas cuestiones deben pasar "no por una cámara territorial, sino de representación ciudadana".

Caamaño remarcó que el proceso estatutario ha sido un pacto "entre los parlamentos autonómico y estatal", al contrario que cuando se elaboraron los estatutos en los años 80, que se acordaron entre los grandes partidos estatales.