La Cámara vasca rechaza pedir a las Cortes Generales la derogación de la incomunicación en las comisarias

VITORIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento vasco rechazó hoy la toma en consideración de una proposición no de ley presentada por PNV, Aralar, EA y EB que solicitaba a las Cortes Generales la derogación del régimen de incomunicación, así como la instalación de cámaras de vídeo en las zonas de detención de las comisarías para evitar posibles torturas.

La propuesta fue rechazada con el voto contrario de PSE, PP y UPyD, y el respaldo de los grupos proponentes (PNV, Aralar, EA y EB). Esta misma iniciativa fue aprobada por la Cámara en la pasada legislatura, aunque no se llegó a tramitar, pese a ser aprobada en noviembre de 2007 por el pleno con el apoyo del PNV, EA, EB, EHAK y la propia Aralar.

La Cámara rechazó hoy la toma en consideración de la proposición de ley que plantea a las Cortes Generales la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de derogar el artículo 520 relativo al régimen de incomunicación y propone instalar cámaras de vídeo en las zonas de detención de las comisarías, con el objetivo de garantizar que no se produzcan posibles torturas.

El parlamentario del PSE, Jose Antonio Pastor, hizo referencia al posicionamiento del Gobierno vasco respecto a la propuesta presentada en el que manifiesta su "criterio contrario" a la toma de consideración de la proposición no de ley por considerar que la actual legislación es "plenamente garantista" de los derechos humanos de las personas detenidas en dependencias policiales, como recoge el artículo que la iniciativa busca eliminar.

"Se nos pide que esta Cámara inste la derogación de una legislación que es absolutamente necesaria para combatir con eficacia al terrorismo y reforzar al estado de derecho frente a quienes tratan de acabar con él", defendió.

Pastor consideró que la propuesta se debería presentar en el Congreso de los Diputados y acusó a los partidos proponentes de llevar la iniciativa a la Cámara vasca, "sabiendo que no va prosperar porque lo que pretenden es seguir metiendo ruido, desahogarse un poco y volcar todos sus prejuicios".

Además, defendió que los detenidos en condiciones de incomunicación, están rodeados de "todas las garantías para evitar cualquier caso de irregularidad", y subrayó que las formaciones que han propuesto la iniciativa tienen "prejuicios insalvables", por lo que "nada de lo que se argumente puede hacerles cambiar de opinión".

"DEBILITAR" EL ESTADO DE DERECHO

Desde el PP, el parlamentario Carlos Urquijo aclaró que todos los partidos de la Cámara vasca "defendemos los Derechos Humanos y estamos en contra de torturas que, por otra parte, no son continuas ni sistemáticas".

Además, afirmó que la reforma planteada "debilitaría al Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo, si se elimina la incomunicación".

Urquijo señaló que esto no quita para que se investiguen las denuncias, aunque en el caso de detenidos por terrorismo "son habituales y de manual". Al respecto, recordó que las primeras horas tras una detención son "fundamentales" para evitar fuga de cómplices, y que se les asigna un abogado de oficio "para que no sean aprovechadas a través de su abogado de confianza".

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, por su parte, manifestó que su formación es partidaria de las grabaciones y que se encuentren a disposición del juez de guardia, así como para que puedan ser usadas en el proceso penal por la defensa del detenido, e incluso acusación particular porque "así se desactiva uno de los habituales mecanismos del terrorismo que es denunciar torturas y así los cuerpos policiales podrán demostrar su inocencia". Por otro lado, criticó que en el texto "se afirma alegremente que existen las torturas y da la impresión de que se regodean y de que tratan de exagerar".

NO PERMITIR LA OPACIDAD

En el turno de la defensa de la iniciativa, la parlamentaria del PNV, Nerea Antia, consideró que el debate es una "oportunidad" para conocer las postura de los grupos de la Cámara respecto a los Derechos Humanos y defendió que "la actuación política del PNV tiene como base respeto derechos humanos de todas las personas sin exclusiones".

Por ello, consideró que "no nos podemos permitir la existencia de opacidad" en este asunto y rechazó la utilización de cualquier método "que suponga la conculcación de los Derechos Humanos".

Antia subrayó la importancia de las grabaciones en las comisarias para "garantizar las garantías procesales" y solicitó a la policía española que "siga el ejemplo" de las comisarías vascas con la instalación de cámaras. "Los Derechos Humanos no son un pastel que pueda trocearse para coger el trozo de más nos gusta", insistió.

El parlamentario de Aralar, Mikel Basabe, criticó que el Gobierno vasco afirme que la ley es "plenamente garantista" y recordó que es la tercera vez que se debate este tema en el Parlamento "porque no ha llegado a las Cortes de Madrid". "Desgraciadamente lo vamos a tener que volver a traer y , aunque es un tema viejo no caduca", insistió. Asimismo, manifestó su respaldo a la instalación de cámaras de vídeo en las comisarías porque "es un paso adelante aunque no suficiente".

Desde EA, Jesús Mari Larrazabal, calificó este asunto como "un problema muy grave", ya que "parece ser que en el Estado español, por causa de la incomunicación, se siguen dando casos de tortura en las sedes policiales".

Por ello, explicó que la propuesta plantea que se realice un "cambio mínimo" en la ley "para que no se sigan dando estos casos", y solicitan que se hagan grabaciones en los lugares donde están detenidas estas personas.

Finalmente, el parlamentario de EB Mikel Arana criticó que los distintos Gobiernos del Estado hayan negado que por parte de la policía existan malos tratos y le acusó de "alimentar un clima impunidad". Además, afirmó que los agentes están "más seguros con grabaciones" porque "consideran que existen escasos sistemas de control internos". "Si se quiere proteger el Estado de Derecho no puede ser a cargo los derechos y libertades de los detenidos", concluyó.