SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Feb. (EP/IP) -
Los cabildos insulares exigieron hoy al Gobierno de Canarias que respete sus competencias territoriales y urbanísticas en la autorización de nuevas camas turísticas en los puertos de la Comunidad Autónoma. El Parlamento intentará subsanar esta omisión contenida en la modificación de la ley regional de puertos.
Esta reivindicación se puso hoy de manifiesto al exponer, en la Cámara regional, los cabildos insulares su opinión sobre la propuesta de modificación de la ley llevada al Parlamento por el Gobierno canario. La principal novedad de la modificación es que el Ejecutivo canario, de forma excepcional, autorizará nuevas plazas alojativas turísticas en las instalaciones portuarias previo informe de las consejerías de Turismo y Ordenación Territorial, del Cabildo insular y de los ayuntamientos afectados.
El primer presidente insular en exponer sus "reservas" fue el de Gran Canaria, José Manuel Soria, quien dijo que las pretensiones del Gobierno "chocan" con las competencias de los cabildos y con las leyes de Ordenación y de las Directrices.
El presidente de Tenerife, Ricardo Melchior, puntualizó la necesidad de especificar, en el texto legislativo, que las autorizaciones, a pesar de los informes requeridos, "habrán de ajustarse" a la ordenación territorial y urbanística de los planes insulares.
La insistencia de estos presidentes se basa en el hecho de que el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio se especifica que el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias del Litoral tiene la consideración de Plan Territorial Especial y éste debe asustarse a las directrices y a los planes insulares de ordenación.
El consejero regional de Presidencia, José Miguel Ruano, advirtió que el Gobierno no renunciará a la posibilidad de que las instalaciones portuarias adquieran "valor añadido" con el establecimiento de camas turísticas. Sin embargo no puso reparos a mejorar la redacción para "garantizar" las competencias de los cabildos.
Los portavoces de CC y del PSC, José Miguel Barragán y José Alcaraz, respectivamente, mostraron su predisposición para consensuar una enmienda antes de que la modificación de la ley se vote en un próximo pleno. Alcaraz advirtió que mantendrá su negativa al texto actual porque es una manera de saltarse las directrices al clasificar suelo para la construcción de nuevas plazas alojativas.
José Miguel Barragán sostuvo que la propuesta del Gobierno "no es ajena" a la planificación territorial del resto de las administraciones al requerir informes previos. José Manuel Soria recordó que no se especifica si se trata de informes vinculantes para el Ejecutivo o sólo preceptivos.
