SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Mar. (EP/IP) -
La Delegación del Gobierno de Canarias reitera que las actuaciones policiales cuestionadas por el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, se han ajustado "plenamente" a la legalidad y a los protocolos establecidos. Concretó que ello se comprueba con que hasta la fecha no ha sido presentada denuncia alguna por parte de la representación legal de los implicados, "ni, en su caso, de oficio por parte de autoridad judicial alguna ni del Ministerio Fiscal".
La Delegación expresa en un comunicado que a lo largo del mes pasado José Manuel Soria ha hecho declaraciones públicas que siguen la línea trazada por su partido a escala nacional, en la que no sólo se vierten "descalificaciones, infundios y valoraciones carentes de rigor deformadores de la verdad", sino que "atentan al funcionamiento mismo del Estado de derecho, involucrando indiscriminadamente a los responsables de la Jefatura Superior de Policía de Canarias y, por extensión, a los de la Delegación del Gobierno".
"El pasado 13 de febrero, --argumenta-- ante la alarma que generaban las declaraciones del presidente del PP de Canarias, la Delegación del Gobierno precisó que las actuaciones de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se ejecutan con arreglo a los factores concurrente en el cabal desempeño de su cometido, sin que el Delegado del Gobierno ni ningún otro responsable de la administración general del Estado inspiren, intervengan, interfieran, sugieran o cursen indicaciones sobre cómo se han desarrollado".
En este sentido, manifiesta que "deplora y rechaza" las manifestaciones que pretenden contribuir a crear "un clima de confusión y de inseguridad", así como a "desprestigiar el nombre y la profesionalidad de los funcionarios policiales".
Asevera que todas las actuaciones policiales, incluidas las detenciones practicadas, están sujetas permanentemente a la instrucción judicial puesta en marcha, "con lo cual el simple hecho de poner en duda la legalidad o procedencia de las mismas socava, incluso, la propia decisión judicial".
Por último, anuncia que instruidas las causas correspondientes, "se debe respetar el trabajo de la administración de Justicia sin intentar provocar, con declaraciones altisonantes y fuera de lugar, una distorsión en el funcionamiento de los mecanismos del Estado de derecho".
