SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Feb. (EP/IP) -
La herencia del caso Tindaya le costará al Gobierno de Canarias más de dos millones de euros en 2007, según consta en el programa de actuaciones de la sociedad pública Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, S.A. (PMMT). Transcurridos siete años desde la fallida comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la gestión del Ejecutivo regional del ex presidente Manuel Hermoso entre 1995 y 1999, la Comunidad Autónoma tiene reservados 1,6 millones de euros para amortizar el crédito formalizado, en 1999 con el BBVA, por 18,03 millones de euros.
En 2000 siendo presidente regional, Román Rodríguez, la Cámara regional constituyó, por unanimidad, una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas en el proyecto del escultor Eduardo Chillida.
El polémico dictamen de la comisión de investigación exigía responsabilidades a todo el Gobierno canario de Manuel Hermoso de 1995 a 1999. Coalición Canaria (CC) y la Agrupación Herreña de Independientes (AHI) presentaron sendos votos particulares en los que mostraban su oposición a las conclusiones por la ausencia de pruebas.
El pleno del Parlamento desechó finalmente el dictamen al producirse sucesivos empates a 30 votos que no pudieron desbloquearse. Los 24 escaños de CC más los dos diputados de la AHI, junto a cuatro votos tránsfugas del PP, hicieron frente a los otros 30 votos favorables al dictamen del PSC y el PP.
Entre la documentación estudiada por la comisión figuraba la solicitada al BBVA sobre el contrato suscrito por la empresa PMMT, compuesta por la empresa pública Saturno y la privada Cabo Verde; y la UTE de las constructoras (Necso y FCC) por el que PMMT pagaría 11,77 millones de euros a las constructoras por gastos de estudio e implantación. Una operación realizada al amparo de los 18,03 millones de euros puestos por el Gobierno regional para el desarrollo del proyecto.
En la memoria explicativa del programa del ejercicio económico de 2007 de PMMT, S.A. se recuerda que la sociedad formalizó una póliza de crédito en 1999 con aval subsidiario de la Comunidad Autónoma, que es amortizada mediante cuotas trimestrales de capital e intereses. Para poder atender las mencionadas cuotas se solicita al Gobierno de Canarias una subvención de 1.646.773,16 euros para amortizar el capital de la póliza del BBVA. El importe de la subvención equivale a las cuatro cuotas trimestrales que se devengarán en 2007.
A esta cantidad se añade otra ayuda de 321.262 euros para compensar las pérdidas de ejercicios anteriores de la sociedad más otra subvención para gastos de explotación de 695.979 euros. En este último capítulo se hace constar que se compensará el gasto por la dotación de la amortización de la concesión administrativa de la explotación minera Chantal, número 23, que figura en el activo del balance.
La sociedad Cabo Verde, entró en la empresa PMMT, S.A., con un capital social desembolsado de 5,41 millones de euros. Pero la aportación no era dineraria sino a través de los derechos de la concesión minera Chantal número 23. Una vez constituida la sociedad y desembolsado el capital social, el Ejecutivo canario debía proceder a la adquisición del 50 por ciento de dicho capital desembolsando 901.518 euros al suscribir la escritura pública. El resto del capital hasta llegar al 50 por ciento (1,8 millones de euros), se desembolsaba en tres años.
Asimismo, Cabo Verde se comprometía, una vez transcurridos cuatro años desde la fecha de la adquisición del 50 por ciento por ciento del capital social por parte del Gobierno, a enajenar el otro 50 por ciento del capital social restante a dicha Administración, estableciéndose como precio de dicha adquisición 2,7 millones de euros.
Esta valoración estaba condicionada a que se obtuviera una producción mínima de la explotación, equivalente a 20.000 metros cúbicos de bloques comerciales.
Tras la conclusión de la comisión de investigación, el Gobierno de Canarias planteó acciones judiciales que terminaron, el pasado mes de septiembre, cuando la Audiencia Provincial de Las Palmas decidió archivar definitivamente este caso tras desestimar un recurso de apelación interpuesto por la asociación ecologista Ben Magec contra un auto del juzgado de Instrucción número cuatro de Las Palmas de Gran Canaria, de abril de 2004, que archivaba la querella interpuesta por el Ejecutivo canario.
Los ecologistas estimaban que los hechos eran constitutivos de un delito de malversación de fondos públicos. En opinión de Ben Magec se pagaron 11,7 millones de euros por un estudio de implantación, en base al contrato entre PMMT y la UTE, a pesar de que tales trabajos no se realizaron.
El auto judicial señalaba que los 11,7 millones de euros no fueron entregados por el Gobierno sino que ésta avalaba hasta un máximo de 18,03 millones de euros.
