CANARIAS.-Parlamento canario cree probado "interés" del PSC y responsabilidad del ex alto cargo del PP Perdomo en la trama eólica

Actualizado: viernes, 30 marzo 2007 17:53

También reprueba al ex alto cargo socialista José Francisco Hernández

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Mar. (EP/IP) -

El Parlamento de Canarias consideró hoy probado el "interés" del PSC, la "reprobación política" del empresario y ex alto cargo socialista, José Francisco Hernández, y la responsabilidad política del ex director regional del PP, Celso Perdomo, en la trama eólica. El dictamen fue aprobado con los votos de CC, el PP y Celso Betancort del Mixto. Socialistas, Nueva Canarias (NC) e Isaac Castellano del PIL se opusieron. En las filas de CC destacaron las ausencias de la ponente de la AHÍ, Belén Allende, y de los diputados de API salvo Guadalupe González.

Entre los sillones azules vacíos del Gobierno, el de la titular de Industria, Marisa Tejedor, y el palmero de Infraestructuras, Antonio Castro. Tampoco estuvieron Juan Carlos Becerra ni Alejandro Díaz, dos de los diputados de Lanzarote, protagonistas del intento fallido de vetar estas votaciones.

Transcurridas las 48 horas desde que los tres diputados gomeros del PSC lograron posponer la votación de las conclusiones de la comisión de investigación del caso eólico, la crispación existente durante estos días también se trasladó a la votación final.

Primero los portavoces del PP y del PSC, Jorge Rodríguez y Santiago Pérez, respectivamente, obligaron a la Mesa de la Cámara a recordar, como se recoge en el reglamento de la Cámara, el Estatuto de Autonomía y la Constitución, la inviolabilidad de los diputados por los votos emitidos y la garantía de la legalidad a la que están obligados los poderes públicos.

En la segunda parte, se enfrentaron Santiago Pérez y el portavoz de CC, José Miguel González. El motivo, la petición del PSC de modificar el acuerdo de la Junta de Portavoces para votar poniéndose de pie en el escaño. A Pérez le interesaba que "quedara perfectamente clara" la votación de cada diputado y a Gonzáles decir que "aquí no se va esconder nada". Finalmente, el presidente de la Cámara, Gabriel Mato, accedió a la petición del PSC.

El voto particular del PSC fue rechazado por los 29 diputados de CC, el PP y Celso Betancort de APL, en el Mixto. Francisca Domínguez y Pedro Quevedo de NC, junto a Isaac Castellano del PIL, se abstuvieron. Con esta decisión se anula la existencia de una trama entre el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, José Manuel Arnáiz, el presidente del Cabildo de Gran Canaria y del PP regional, José Manuel Soria, y el ex consejero regional del PP, Luis Soria, para "favorecer" a los empresarios Esquivel.

Seguidamente se votó el dictamen que se aprobó con la mayoría de CC, el PP y Celso Betancort. En esta ocasión a los 17 diputados del PSC, que se opusieron, se les unieron los 3 de NC y el PIL.

"RECTITUD" DE LUIS SORIA

Por lo tanto el Parlamento de Canarias reconoce la "rectitud y honestidad" de Luis Soria en la trama eólica, las "pretensiones" de militantes del PSOE o ex altos cargos socialistas, "coincidiendo" con el periódico digital Canariasahora.com, para "desviar, de forma intencionada, el verdadero" objetivo de la investigación política.

Las responsabilidades políticas se exigen solamente a Celso Perdomo porque ha dañado la imagen de la Administración canaria, el sistema del concurso público y por una actuación "totalmente irregular e inadmisible" en un cargo público.

También se reconoce el "evidente interés del PSC-PSOE" en la trama, puesto de manifiesto en las conversaciones de Celso Perdomo y José Francisco Henríquez. Estos dos juntos y José Antonio Lucendo, por su amistad, entran "de lleno en lo que políticamente podría reprobarse como tráfico de influencias".

El Gobierno de Canarias debe impulsar la convocatoria de un nuevo concurso para la asignación de potencia eólica y la Consejería del área de Marisa Tejedor tiene que evaluar el impacto de los distintos aerogenadores en el mercado además de establecer, en las bases del concurso, una compensación para las administraciones locales, en cuyos terrenos se implanten los molinos.