MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Educación de Canarias, José Miguel Pérez, ha afirmado este martes en el Senado que "con la ley en la mano y desde la propia ley" procurará que el proceso de implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en su territorio "se base en criterios de justicia y racionalidad que eviten sus efectos indeseables" sobre la igualdad de oportunidades.
Pérez, que ha comparecido ante la Comisión General de Comunidades Autónomas convocada en la Cámara Alta para debatir el alcance competencial del proyecto de LOMCE que se encuentra en trámite parlamentario, ha afirmado que si finalmente la norma se aprueba, Canarias intentará evitar las "consecuencias irreversibles que serán alteradas en cuanto se produzca otro nivel de consenso".
"Si el Gobierno no da marcha atrás, nosotros llevaremos una implantación de la ley que evite todos los efectos indeseables de reducción del nivel de equidad que ya hemos alcanzado, así como todas aquellas consecuencias irreversibles y perniciosas que puedan condicionar en el futuro la aprobación de una nueva ley de Educación", ha añadido en este sentido.
En su opinión, la LOMCE supone "una auténtica revisión del derecho a la educación tal y como estaba expresado en la Constitución" que "elimina el carácter de servicio público" de la Educación, que se ha "encubierto bajo un desprestigio general del sistema educativo" y que, además, "intenta transformar el campo y las reglas del juego" con una nueva distribución de competencias que a su juicio, no está justificada.
"No hay nada que justifique la revisión de la distribución competencial recogida en nuestra Constitución salvo la necesidad de reducir el tamaño del Estado para recortar gastos sociales y, andando en el tiempo futuro, seguramente, permitir una mayor injerencia de los mercados en ellos", ha declarado el responsable autonómico.
Asimismo, ha criticado por insuficiente la financiación prevista para la norma por ser "poco realista". En su opinión, "se pretende modificar el sistema educativo cargando los costes sobre las arcas de las comunidades autónomas" y, teniendo en cuenta el objetivo de déficit, si llegara a aprobarse "en estas condiciones" la implantación "sería inasumible".
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