MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
Casi tres de cada diez españoles, el 31%, consideran que es "probable o muy probable" que los tribunales de justicia condenen a una persona por un delito que no haya cometido, mientras que un 45% considera esta posibilidad como "nada o poco probable", según un estudio encargado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
La investigación, que fue presentada hoy por el presidente de este organismo, Carlos Carnicer, y el máximo responsable de la empresa Metroscopia, José Juan Toharia, apunta que una mayoría de ciudadanos cree que el derecho a la presunción de inocencia es respetado "de modo insuficiente y desigual", especialmente en los medios informativos y en la propia sociedad, que obtienen una media de 4,3 y 5 puntos sobre 10, respectivamente.
Carnicer señaló que el dato de que el 31% de los encuestados considere probable un error judicial es equiparable a otras encuestas realizadas en países como Estados Unidos y señaló que se debe a que "los ciudadanos son conscientes de que la Justicia la hacen los hombres y los hombres se equivocan". "La sociedad es consicente de que un error puede existir. Es un dato positivo a pesar de que pueda parecer muy negativo", explicó.
Toharia, por su parte, destacó la "ambivalencia o hipocresía" que, a su juicio, demuestra la sociedad en sus respuestas, ya que, según argumentó, creen que los medios de comunicación "no respetan la presunción de inocencia" pero al mismo tiempo "consumen programas de cotilleo por un interés morboso".
Frente a la puntuación obtenida por los medios de comunicación, el estudio destaca que los ciudadanos tienen una mejor percepción de los tribunales de justicia y de la policía, que obtienen entre los encuestados unas valoraciones respectivas de 6,6 y 6,3 puntos.
Carnicer, no obstante, aprovechó la ocasión para expresar su "desacuerdo" con la práctica de declarar como imputado a un declarante en un procedimiento judicial con el objetivo de darle mayores garantías. "Es un exceso sin lugar a dudas", indicó. Asimismo, citó los casos de Rocío Wanninkhof o del joven de Burgos acusado de matar a sus padres y un hermano como "ejemplos paradigmáticos de la falta de respeto a la presunción de inocencia".
CONFIANZA EN LA JUSTICIA
No obstante, la investigación revela que el 54% de los españoles cree que el actual sistema penal garantiza de forma suficiente la presunción de inocencia mientras que sólo un 20% considera lo contrario.
En lo que respecta a la confianza en la Justicia, la media de respuestas ponen de relieve que cuanto más alta es la clase social de los encuestados menos confianza tienen en las garantías judiciales sobre presunción de inocencia. Las personas de clase media-baja o baja se muestran, sin embargo, más confiadas en la Justicia.
Según la encuesta, realizada sobre una muestra de 600 personas, la importancia que los ciudadanos dan a la presunción de inocencia es de 8,8 puntos sobre 10, valoración que asciende a 9,1 puntos en el caso de los encuestados que tienen de 35 a 54 años. Así, un 56% considera que en caso de conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad debe prevalecer el segundo, frente a 38 de cada 100 que opina lo contrario.
En relación con la lentitud del sistema judicial, nueve de cada diez españoles percibe "un excesivo desfase temporal entre inculpación y sentencia", frente a un 8% que considera "más o menos adecuado" ese intervalo. Según el estudio, el 85% cree que los delitos son juzgados "demasiado tarde, cuando los hechos han sido ya prácticamente olvidados y cuando el juicio no puede significar apenas reparación" para los afectados, mientras que sólo 3 de cada 100 opina que son juzgados "demasiado pronto, antes de que se hayan serenado los ánimos y se hayan podido reunir pruebas suficientes".
Otra de las conclusiones del estudio es que un 43% de los ciudadanos cree que el sistema penal español es igual de garantista que otros de la Unión Europea, aunque 23 de cada 100 considera que en nuestro país se garantiza menos la presunción de inocencia que en el resto de tribunales europeos. Un 11% cree que en España existen más garantías.
Asimismo, un 45% de los encuestados considera más importante un Estado penal que dé más importancia a la garantía de la presunción de inocencia, frente a un 43% que se inclinaría por un Estado penal que prime el castigo de los delitos aún a riesgo de condenar a un inocente. Estos porcentajes han sufrido una enorme evolución a favor del sistema rigorista respecto a otras encuestas realizadas en 1980, cuando la cifra de personas que apostaban por un Estado rigorista se situaba en el 18%.