MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha criticado este lunes la iniciativa presentada por el PP en el Congreso para reformar la jurisdicción universal y ha preguntado si se trata de un compromiso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su visita a la Casa Blanca.
En rueda de prensa, Lara ha recordado que la jurisdicción universal permitió procesos como el que llevó a juzgar al que fuera dictador de Chile y, tras una primera reforma consensuada por 'populares' y socialistas, ahora el PP "pretende eliminarla por completo".
Según ha denunciado, esto supondría la reiterada de casi una docena de casos que están en la Audiencia Nacional, como los del cámara de televisión José Couso, los vuelos de la CIA, el pueblo saharaui, la Flotilla de la Libertad o el caso de Carmelo Soria, asesinado por la dictadura chilena.
A su juicio, esta iniciativa sólo puede deberse a "algún compromiso serio" del Gobierno con países como Estados Unidos, Israel o Marruecos. "Tal vez Rajoy en su visita a Obama adquirió este compromiso de inmunidad", ha censurado.
Para Lara, esta limitación de la justicia universal es "una bajada de pantalones" del Gobierno frente a la defensa de los derechos humanos y los intereses de los españoles que puedan ser víctimas de delitos en otros países.
¿POR QUÉ TANTA URGENCIA?
Pero además, ha cuestionado la tramitación elegida, ya que en contra de lo habitual, los cambios legales no se acometerán a través de un proyecto de ley del Gobierno, sino merced a una proposición de ley por parte del partido que sustenta al Ejecutivo, lo que permite acelerar los trámites y eludir informes de los órganos consultivos como es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado.
"¿Por qué tanta urgencia?", ha preguntado, recordando que la vía por la que se tramitará esta reforma permitirá que esté lista en un mes y medio aproximadamente mientras que la segunda opción lo demoraría hasta ocho o nueve meses.
La principal novedad es limitar las actuaciones a casos en los que los criminalmente responsables sean españoles o extranjeros nacionalizados tras la comisión de los hechos supuestamente delictivos, lo que abriría la puerta a archivar diferentes causas que se están tramitando actualmente en los juzgados centrales de Instrucción.
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