CC en Gran Canaria muestra su desacuerdo con que el Gobierno canario venda terrenos al Estado para la cárcel en la isla

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Coalición Canaria (CC) en Gran Canaria, María del Mar Julios, expresó hoy su desacuerdo con que el Gobierno de Canarias, formado por CC y PP, haya autorizado la enajenación de los terrenos de la finca de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana, al Gobierno del Estado para la construcción de una macrocárcel en el sur de la isla.

En rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, Julios exigió al Gobierno del Estado y al PSC-PSOE que paralice "de forma inmediata las obras ilegales" de la cárcel, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la "sensatez" e insta a la Delegación del Gobierno a que "no recurra a la violencia" contra los vecinos que, a su juicio, "ejercen su derecho" de protestar contra dicha instalación penitenciaria en el lugar donde se ejecutan las obras.

La formación nacionalista de Gran Canaria insistió en que "todas las administraciones canarias deben posicionarse en contra del modelo de prisión que quiere imponer el Estado en una de las principales puertas turísticas de Gran Canaria y de Canarias". "Una infraestructura que ocupará un espacio equivalente a 35 campos de fútbol y que en ningún caso está justificada en un territorio como el nuestro", apostilló.

OTRAS 30 OPCIONES

En este sentido, la dirigente nacionalista mostró su posición en contra de que "el Estado imponga no sólo la ubicación de una infraestructura de estas características sino que, además, imponga un modelo de prisión que no se justifica con el número de presos que actualmente cumplen condena tanto en Canarias como fuera del archipiélago".

Así, explicó que el modelo de la cárcel será de "alta seguridad" y acogerá a aproximadamente 3.500 presos, al tiempo que comentó que desde hace diez años se podía haber generado una obra de remodelación en la actual cárcel de Salto del Negro en la capital grancanaria.

En todo caso, detalló que existen "30 opciones" alternativas para la ubicación de la segunda cárcel de Gran Canaria que no suponen construir dicha instalación en la costa, sino en medianías y no causa tanto "impacto visual". De este modo, comentó el apoyo de CC en Agüimes a que la prisión se pueda construir en este municipio del sureste.

A juicio de la dirigente nacionalista, "se puede ubicar la cárcel en otro lugar de Gran Canaria que no hipoteque un municipio turístico" como es San Bartolomé de Tirajana.

En este sentido, Julios exigió al "Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que proceda al precinto de estas obras que continúan siendo ilegales al carecer de los permisos, así como, de los estudios de impacto ambiental".

Agregó que "aún se está a tiempo, si realmente existe voluntad política, de buscar una ubicación alternativa y un modelo de prisión que ajuste a las necesidades reales entre todas las administraciones canarias y el Estado".

CENTRO DE INTERNAMIENTO

Por su parte, el consejero de CC en el Cabildo de Gran Canaria, Manuel Lobo, señaló que "el Gobierno del Estado en connivencia con el Partido Socialista Canario está imponiendo un modelo de prisión en Gran Canaria, algo que no ha sucedido en ninguna otra Comunidad Autónoma" e instó "a que expliquen los verdaderos motivos que hay en esta infraestructura".

Así, afirmó que "el Gobierno central ha incumplido los preceptos marcados en este tipo de casos, es decir, que una cárcel no debe edificarse en terrenos de uso agrario, no debe estar cercano a núcleos de población o no debe ser visualizada desde la carretera".

De la misma forma, el responsable de Política Municipal de CC, Fernando Bañolas, aclaró que CC en Gran Canaria no está en contra de que se construya una segunda prisión en la isla, sino que se opone a que el Estado "obligue a aceptar una infraestructura que rebasa las dimensiones, así como, las necesidades reales de Gran Canaria".

Según Bañolas, el "trasfondo de la cárcel es que se va a convertir en un gran centro de internamiento" destinado a acoger inmigrantes, por lo que reclamó que las administraciones expongan sus posiciones de forma "clara" y expliquen el proyecto de dicha instalación, de la que aseguró que no existe declaración de impacto medioambiental.