MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los consejeros de comunidades gobernadas por el PSOE se han mostrado críticos a su llegada este jueves al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con la previsión del objetivo de déficit del Ministerio de Hacienda, que se sitúa en el 0,3 para las autonomías, según los objetivos de estabilidad marcados para 2018, y que consideran ineficiente y que perjudica a la prestación de servicios en sus regiones .
En la reunión de esta tarde, las comunidades y el Gobierno central decidirán cuál será la senda de estabilidad de las comunidades autónomas para el trienio 2018-2020, si bien los consejeros socialistas han mostrado su descontento con las previsiones.
A su llegada al Ministerio de Hacienda, el Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ha criticado la "deslealtad" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que, por un lado, pide un esfuerzo adicional en la disminución del déficit, mientras por otro, discute con Albert Rivera sobre bajada de impuestos.
"Aragón no puede consentir que se le obligue a rebajar el déficit a menos del 50% cuando están discutiendo entre Albert Rivera y Cristobal Montoro una bajada de ingresos, que no se puede discutir sin contar con las comunidades", ha afirmado. "Estamos de acuerdo en un objetivo de estabilidad, pero no que siempre sea el gobierno el que sale mejor parado", ha esgrimido el consejero.
"No se nos puede pedir un esfuerzo adicional en la disminución del déficit, repercutirá con menos ingresos en la prestación de servicios públicos", ha declarado Gimeno, que ha cifrado en 100 millones de euros la bajada del déficit en Aragón.
VALENCIA CRITICA "LA INEFICIENCIA GLOBAL" DE LAS AUTONOMÍAS
El conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, ha criticado que la región a la que representa tenga un mayor déficit que el resto, a pesar de que gasta menos que la media nacional, y ha llamado a resolver "la ineficiencia global de las comunidades autónomas en general y de algunas en particular".
En declaraciones previas al CPFF, el conseller ha manifestado que la posición de la Generalitat será "contraria a los planteamientos del Gobierno" y que hará un "planteamiento contundente" contra "una situación que está durando demasiado".
Soler ha aseverado que la financiación no es "un problema de partidos" sino que afecta a la ciudadanía. "La ciudadanía necesita hospitales, escuelas, dependencia... y no llega el dinero", ha sentenciado, y ha añadido que Valencia ha tenido "problemas de caja" y no ha podido pagar a los proveedores.
C-LM Y ASTURIAS ADVIERTEN DEL GASTO TRANSFERIDO
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, ha dicho estar en "desacuerdo" con el "esfuerzo" que tienen que hacer las comunidades autónomas para alcanzar el equilibrio presupuestario y espera que haya "margen de negociación" con el Consejo.
Además, Ruiz ha advertido de que hay "un problema relacionado" con la regla de gasto, "en cuanto a que es una norma restrictiva". En concreto, el consejero ha argumentado que las previsiones del Gobierno "son bastante reducidas" y que, por este motivo, las comunidades no pueden realizar la actividad o el gasto que consideran adecuado.
En la misma línea se ha expresado la consejera asturiana, Maria Dolores Carcedo, quien ha pedido revisar el objetivo de déficit de tal forma que sea acorde al gasto transferido por el Gobierno central. "Las comunidades autónomas tenemos más gasto publico, tenemos competencias transferidas y servicios públicos sensibles, por lo tanto, parece que si hay que revisarlo para que sea acorde con el gasto transferido", ha indicado.
Carcedo ha recordado que Asturias ha cumplido las tres reglas fiscales, por lo que ha destacado que esto implica que el Principado no tendrá que hacer ajuste en el actual presupuesto.
ANDALUCÍA, CONTRARIA AL 0,3
La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado que el planteamiento del Gobierno de fijar el déficit para las comunidades en el 0,3 por ciento es algo "rechazable" y "reprobable".
A su juicio, esto no se corresponde con la necesidad de los ciudadanos, que es "que la recuperación llegue a sus casas".
