OVIEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de CC.OO en Asturias, Ignacio Fernández Toxo, alertó hoy que la subida de siete décimas de IPC del pasado mes de noviembre, repercutirá negativamente en el salario de los trabajadores y en las familias con menos recursos, al igual que en la capacidad de competitividad de la economía española.
En rueda de presa, Fernández Toxo afirmó que el incremento del IPC es un "malísimo" dato para el conjunto de la economía nacional. "Esto es un reflejo del descontrol de precios que existe en España", declaró el secretario de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de CC.OO.
Para Fernández Toxo, existen dos razones fundamentales que explican el incremento de los precios. Por una parte, la actitud o actuación "poco comprometida" de los sectores empresariales que "deberían" limitar el alza de los precios, y de otra el "descontrol" de la competencia. "Hay escasa competencia en determinados sectores, como el de la distribución alimentaria, que producen un incremento de precios", afirmó el sindicalista.
El secretario general de la Acción Sindical y Políticas Sectoriales de CC.OO indicó que derivado del amento de los precios, la Seguridad Social se verá obligada a desembolsar 3.500 millones de euros. Según Fernández Toxo, esta cantidad tendrá que ser abonada a los pensionistas españoles por el diferencial de 2,2 puntos entre la inflación prevista por el Gobierno y la final del mes de noviembre y el incremento que "tendrá que recibir" las pensiones. "Esto le va costar a las arcas de la Seguridad Social un pico tremendamente importante", afirmó Fernández Toxo.
Por último, el sindicalista manifestó que el Gobierno se "ha olvidado" en esta ocasión de un millón de personas susceptibles de percibir subsidios de desempleo. Para Fernández Toxo, a las personas con menos ingresos se le ha incrementado el Índice Público de rentas de Efectos Múltiples en un "pírrico" dos por ciento.
Para el sindicalista, la Ley de presupuestos para 2008 va a suponer un pérdida de poder adquisitivo de un millón de personas que cobran entre 350 y 500 euros mensuales.