El ceutí que estuvo preso en Guantánamo pide al Ministerio de Justicia 52.800 euros por 440 días en prisión preventiva

CEUTA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El despacho de abogados de Marcos García Montes, que representa a Hamed Abderrahaman Ahmed 'Hmido', el ceutí que permaneció dos años en Guantámano acusado de pertenecer a Al Qaeda, presentó hoy una reclamación al Ministerio de Justicia en la que solicita que le indemnice con 120 euros por cada uno de los 440 días que estuvo en prisión preventiva en España en dos periodos distintos después de ser entregado a las autoridades nacionales por Estados Unidos, según informaron fuentes del bufete a Europa Press.

El montante total de la solicitud interpuesta coincidiendo con el primer aniversario de su puesta definitiva en libertad asciende a 52.800 euros y seguirá el procedimiento administrativo que prevé el Ministerio de Justicia para resarcir por los daños y perjuicios ocasionados por actuaciones de la Administración de Justicia que el afectado "no tiene el deber jurídico de soportar".

Sin embargo, los abogados de 'Hmido', que durante este verano tienen pensado interponer otra reclamación "multimillonaria" contra las autoridades estadounidenses por los daños físicos y psíquicos que padeció el joven ceutí durante su etapa en Guantánamo, por genocidio y por responsabilidad patrimonial, han basado su solicitud en el supuesto de 'prisión preventiva indebida', aplicable según la legislación, "a quienes hayan sufrido prisión preventiva y posteriormente sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento libre, en ambos casos por inexistencia del hecho imputado, siempre que se les hayan causado perjuicios".

Los representantes de 'Hmido' cuentan con que el Ministerio aceptará su reclamación, aunque podría no asumir el montante reclamado. La cuantía de este tipo de indemnizaciones depende del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido al reo.

Abderrahaman permaneció en prisión preventiva desde el 13 de febrero de 2004, cuando fue entregado a España, hasta el 13 de julio de ese mismo año. El 5 de octubre de 2005, cuando fue condenado por la Audiencia Nacional, volvió a entrar en la cárcel, donde permaneció hasta el 20 de julio del año pasado, cuando el Tribunal Supremo anuló la sentencia de la Audiencia indicando que "existió una vulneración del derecho a la presunción de inocencia del recurrente".