MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordará previsiblemente hoy la apertura de una investigación para analizar la conducta de la presidenta de la Sección Séptima de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, Ana Ingelmo, quien el pasado jueves conminó a un testigo a dejar de utilizar el catalán durante el juicio por el apuñalamiento y posterior muerte de Josep Maria Isanta durante las fiestas de La Patum de Berga (Barcelona) de 2005. Lo justificó en el hecho de que los acusados desconocen la lengua catalana.
Este asunto ha sido llevado al Pleno del CGPJ por el vocal Alfons López Tena, quien en su petición solicita la apertura de un expediente disciplinario por entender que la conducta de la juez Ingelmo es merecedora de una sanción. Posteriormente, el asunto fue denunciado al CGPJ por la Asociación de Juristas en Defensa de la Lengua Propia.
Fuentes del Consejo señalan que la existencia de ambas denuncias propiciará con toda probabilidad que el Pleno ordene al Servicio de Inspección la apertura de una información previa sobre las mismas. Tras estudiar el caso, la Inspección decidirá si la conducta de la magistrada merece la incoación de un expediente disciplinario por parte de la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces.
En la propuesta que eleva al Pleno, el vocal López Tena pide además solicitar al Ministerio de Justicia que proceda a retirar a la citada magistrada la Cruz de San Raimundo de Peñafort, condecoración que le fue impuesta el pasado día 21 de septiembre. Fuentes de este órgano creen poco probable que se acceda a dicha medida.
Asimismo, el vocal del CGPJ propone remitir la actuación de la magistrada al Ministerio Fiscal "por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito".
Según la denuncia del vocal López Tena, durante la sesión del pasado jueves por el crimen de La Patum de Berga (Barcelona), la presidenta de la Sección Séptima de la Audiencia, Ana Ingelmo, rogó al testigo David P.L. que se expresase en castellano porque dos de los acusados no entienden el catalán, a lo que éste accedió.
La petición, sin embargo, no fue bien recibida por los abogados de la acusación particular, que formularon la correspondiente protesta. En previsión de que los testigos que comparecieran al siguiente día prefirieran expresarse en catalán, la juez solicitó el mismo jueves de oficio un traductor para que los acusados estuvieran al tanto en todo momento de las declaraciones.
No obstante, durante la del día después, todos los testigos declararon en castellano menos dos que lo hicieron en catalán, mientras la traductora fue explicando a los acusados lo que iban diciendo.
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA.
López Tena considera que los hechos pueden hacer incurrir a la magistrada en la responsabilidad disciplinaria regulada en los artículos 414 a 427 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la responsabilidad penal que regulan los artículos sobre la prevaricación dolosa y la prevaricación imprudente o ignorante, con el agravante de discriminación.
En su escrito, López Tena argumenta que la actuación de Ingelmo puede vulnerar el preámbulo y los artículo 3, 10, 14 y 24 de la Constitución española, que contemplan el derecho a la igualdad ante la ley, a la tutela efectiva de los jueces y que las demás lenguas españolas distintas al castellano serán oficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
Asimismo, el vocal del citado órgano judicial apela a la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la Carta europea de las lenguas regionales y minoritaria, la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como a varios artículos del Estatut de Cataluña relativos al uso del catalán.
