El CGPJ advierte a jueces convocantes de huelga que "no va a tolerar actuaciones ilegales" que afecten a los ciudadanos

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, advirtió hoy, en relación con la convocatoria de huelga para el próximo mes de febrero planteada en algunas de las juntas de jueces celebradas el pasado viernes, que el órgano de gobierno de los jueces "no va a tolerar actuaciones ilegales" y que podría adoptar medidas en el caso de "grave afectación del servicio o de merma de la tutela judicial efectiva" de los ciudadanos.

Bravo descartó concretar que tipo de actuaciones disciplinarias podría acordar el Consejo en el caso de que las huelga llegue a materializarse -ha sido convocada por las juntas celebradas en Murcia y Extremadura-, aunque sí adelantó que no se actuará 'a priori'.

Tampoco aclaró si los jueces tienen derecho a la huelga, ya que no está previsto por la Ley, si bien apeló a la responsabilidad y "sentido institucional" de los miembros de la Carrera Judicial.

Bravo hizo estas manifestaciones durante la rueda de prensa celebrada tras el Pleno del CGPJ, que aprobó por unanimidad una declaración institucional que señala que este órgano confía en que todos los integrantes del Poder Judicial, "sepan valorar los efectos perjudiciales que tendrían medidas de dudosa legalidad y con grave trascendencia para la tutela de los derechos de los ciudadanos".

Entre estas medidas de "dudosa legalidad", aludidas en la declaración, Bravo situó también las acordadas en la mayor parte de las juntas celebradas en el sentido de no superar los 'módulos' -mínimo de asuntos asignados cada juzgado-, lo que podría empezar a aplicarse el próximo mes de enero. "Vamos a intentar reconducir la situación para que no afecte al servicio público", insistió.

DOS MESES INTENSOS.

El documento aprobado por los 20 vocales del CGPJ y su presidente, Carlos Dívar, recuerda que en sus dos primeros meses de andadura, el CGPJ "ha impulsado en colaboración con el Gobierno del Estado, las Comunidades Autónomas y los restantes órganos de gobierno del Poder Judicial, un Plan de Modernización" al que se han sumado "medidas concretas y urgentes", esencialmente de refuerzo de órganos judiciales.

Añade que las deficiencias aquejan a los juzgados desde hace años y que desde finales del pasado mes de septiembre los nuevos vocales han mantenido "una política de diálogo y colaboración con las administraciones públicas y con los representantes del colectivo judicial, a través de las asociaciones profesionales y de los órganos de gobierno del Poder Judicial". La próxima reunión de trabajo tendrá lugar el próximo martes, cuando han sido convocados todos los presidentes de tribunales superiores de justicia (TSJ).

El CGPJ subraya que confía "en la responsabilidad personal e institucional y en el sentido común de los jueces y magistrados, como integrantes que son de un Poder del Estado, para que la celebración de las Juntas, no afecte a los señalamientos ni a las actuaciones judiciales ni, por tanto, al normal funcionamiento del servicio público".

Así, el Consejo se reserva "en el legítimo ejercicio de sus competencias, las medidas necesarias para asegurar la legalidad de los acuerdos adoptados en las Juntas de Jueces y para garantizar que las demandas de los ciudadanos sean atendidas de forma inmediata".

"Los jueces saben que sería difícil explicar al ciudadano que uno de los tres poderes del estado se ponga en huelga", dijo la portavoz, que subrayó que el Consejo va a controlar si como consecuencia de los acuerdos de las juntas del pasado viernes y de las que se han convocado para el próximo 21 de enero se produce o no un entorpecimiento de la Administración de justicia, como lo serían la suspensión de juicios o de actuaciones judiciales por los miembros de la Carrera Judicial. "La legalidad de estas medidas será valorada por el Consejo", insistió.

MAS VACACIONES PARA JUECES.

Por otra parte, el Pleno celebrado hoy aprobó determinadas medidas dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo de los jueces y magistrados, como una modificación del Reglamento de la Carrera Judicial dirigía a que los permisos de vacaciones se refieran a días hábiles y no naturales.

También se acordó de forma unánime exigir al Gobierno y a los grupos parlamentarios a que procedan "a la urgente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) a los efectos de la supresión o modificación del ascenso forzoso" , que a juicio de la Carrera "representa un serio obstáculo para la adecuada conciliación entre la vida familiar y laboral".

El ascenso forzoso, regulado en el artículo 311 de la LOPJ, aboca obligatoriamente a cambiar de destino a todos aquellos jueces cuya categoría se eleva a la de magistrado -por razones de antigüedad, al producirse vacantes en determinados destinos por ascensos en el escalafón judicial-.

Además de contribuir a la conciliación familiar, la medida está dirigida a "contribuir a la estabilidad" de los órganos judiciales, según Bravo, ya que el actual sistema provoca altos niveles de provisionalidad sobre todo en aquellos destinos que se consideran menos "cómodos".

Como ejemplo, Bravo aludió, aunque sin citarlo, al Juzgado de Instrucción número 1 de Nules (Castellón), que tramita la causa por presunta corrupción contra el presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. Desde que se abrió la causa contra Fabra, a finales de 2003, han sido ocho los jueces que han pasado por este órgano, que cambian de destino en cuanto adquieren la categoría de magistrado.

Igualmente, la portavoz dio cuenta de la reunión que mantuvieron hoy el CGPJ el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, los vocales Manuel Torres Vela, Miguel Collado e Inmaculada Montalbán y los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Foro Judicial Independiente (FJI) y Francisco de Vitoria (FVV).

En esa reunión, el CGPJ se comprometió elaborar un nuevo Reglamento de valoración de carga de trabajo con el fin de superar el actual sistema de módulos que se estableció en 2003 y que ha quedado obsoleto.

Se trata de sentar las bases para regular la planta judicial, ya que el actual índice de exigencia en cada juzgado plantea disfunciones y desequilibrios" entre los diferentes órganos judiciales. Igualmente, se acordó instar la ejecución de una sentencia dictada en marzo de 2006 por el Tribunal Supremo que declaró nula la vinculación de estos módulos con las retribuciones.