MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los Servicios de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrán vía libre en los próximos días para comenzar a investigar el cobro por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de algo más de 203.000 dólares por la organización de unas actividades académicas en la Universidad de Nueva York, coincidiendo con la licencia por motivos de estudios de la que disfrutó el magistrado entre marzo de 2005 y junio de 2006.
Fuentes del Consejo señalaron a Europa Press que el inicio de las indagaciones se producirá una vez sea notificado formalmente al Consejo el archivo, por parte del Tribunal Supremo , del recurso de súplica interpuesto por los abogados Antonio Panea e José Luis Mazón contra la decisión del alto tribunal -adoptada a principios de febrero- de archivar la querella criminal que presentaron contra Garzón por su actividad en EE.UU. El recurso de súplica paralizó la investigación disciplinaria debido a que las causas penales tienen preferencia.
En el auto hecho público hoy, el Supremo confirma el archivo de la querella porque los datos que los abogados sugieren que se investiguen -aportados por la Universidad de Nueva York, que organizó las charlas de Garzón- "no alcanzan a desvirtuar las razones" por las que se descartó la comisión por el magistrado de un delito de cohecho, "ni siquiera en la modalidad de dádiva en contemplación al oficio del funcionario".
Añade que "tanto por la falta de vinculación directa del patronazgo a la persona del querellado, cuanto porque nada hace sospechar que el patronazgo tuviera por finalidad el ilícito propósito que el recurrente denuncia con más voluntad que aval probatorio".
INVESTIGACIÓN DEL CONSEJO
El recurso de súplica de ambos abogados fue interpuesto después de que el pasado 10 de febrero el Supremo remitiera al (CGPJ) la documentación recibida de la Universidad de Nueva York en la que se da cuenta del cobro por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de algo más de 200.000 dólares por la presentación de un ciclo de conferencias.
Tras analizar la cuestión, el alto tribunal consideró que los hechos denunciados por el letrado carecían de relevancia penal y archiva la querella, si bien advirtió que la ocultación por parte del juez de las cantidades que percibió del Centro Rey Juan Carlos I de España y el Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York podría ser determinante de responsabilidad ante el CGPJ.
El propio Supremo apuntaba en su auto que la Ley Orgánica del Poder Judicial sanciona en su artículo 417.11 como falta muy grave "faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos", y que habría que investigar el caso porque cuando Garzón pidió prórroga de licencia tras su primera etapa en Estados Unidos "no consta que hiciese advertencia alguna sobre la naturaleza y cantidad de los ingresos percibidos y gastos que le fueron satisfechos".
Según el auto del Tribunal Supremo, Centro Rey Juan Carlos asumió el pago de gastos de viaje por 21.152 dólares y la escolarización de la hija de Garzón en la Escuela Internacional de Naciones Unidas. Además, el Centro de Derecho y Seguridad pagó a Garzón otros 160.333,14 dólares "en concepto de sueldo" por organizar los cursos denominados "Diálogos Transatlánticos" y "Seguridad Jurídica". En todo caso, el Supremo recuerda que "no consta" que estas iniciativas fueran promovidas por "persona alguna vinculada a la entidad bancaria BSCH, SA".
GARZÓN SIGUIÓ COBRANDO
En su resolución de febrero , el alto tribunal recordaba que en julio de 2006, cuando el CGPJ tuvo por presentada la memoria justificativa de la licencia y prórroga solicitada por Garzón, el órgano de gobiernos de los jueces declaró que el interesado "no habría de sufrir limitación alguna de sus haberes como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 durante el periodo que disfrutó de la licencia".
El auto añadía que "tampoco consta" que el CGPJ adoptase alguna resolución, más allá de la concesión de la licencia al juez, en la que autorizara "la compatibilidad para la actividad de docencia retribuida y, menos aún, que tomase conocimiento de los importes de dicha retribución, como concepto diverso de la indemnización de gastos".
De hecho, en la petición que dirigió al Consejo el 22 de diciembre de 2004, Garzón se limitó a señalar que "no existe cantidad alguna con la New York University sobre remuneración específica" y que estaba gestionando con la institución académica que cubriera "los gastos de desplazamiento, vivienda y mantenimiento personal y familiar (no momentáneo) durante el periodo mencionado".
HECHOS SIN RELEVANCIA PENAL
El abogado que se querelló contra Garzón argumentaba que Garzón pudo cometer un delito de cohecho y otro de prevaricación por no abstenerse en la tramitación de una querella presentada en octubre de 2006 contra el Santander a pesar de que, según el libro 'Garzón, juez o parte', del periodista José Díaz Herrera, cobró de esta entidad 100.000 dólares por cada una de las 17 conferencias que ofreció en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.
El Supremo recuerda que Garzón archivó la querella al considerar que se fundaba en "una cadena de hipótesis no contrastadas" y que esta resolución fue confirmada en apelación en abril de 2007 por la Sala de lo Penal.
En relación con la relevancia penal de los hechos, el Supremo descarta la posible comisión de un delito de cohecho al considerar que "no cabe decir" que las cantidades económicas percibidas por Garzón tuvieran "la finalidad de dictar resolución de contenido determinado en relación con la querella" contra el Santander, ya que "esta interposición es posterior a aquel patrocinio".
