MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará hoy el escrito remitido a este órgano el pasado jueves por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que pide que no se le suspenda en sus funciones tras la admisión contra él de tres querellas criminales que tramita el Tribunal Supremo.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalaron que no está previsto que el Consejo emita ninguna decisión al respecto en la Comisión de hoy, aunque sí podría comenzar a tramitar las recusaciones que Garzón incluyó en dicho escrito contra tres de los vocales que integran el Consejo por "enemistad manifiesta" que, a su juicio, le profesan. Se trata del vicepresidente de la institución, Fernando de Rosa, y de las vocales Margarita Robles y Gemma Gallego.
Según las mismas fuentes, es también probable, aunque no obligatorio, que Robles, que integra la Comisión Permanente junto a otros cuatro vocales, se ausente de la sesión cuando se vea este punto.
Los procesos de recusación en el Consejo requieren el nombramiento de un instructor por cada recusado, a los que se les encarga estudiar el caso concreto y realizar un escrito con su propuesta que debe aprobarse por el Pleno.
El próximo Pleno del CGPJ, que se celebrará el 24 de marzo, podría así resolver el asunto de las recusaciones y pasar a estudiar directamente la suspensión de Garzón.
CAUSAS DE ABSTENCIÓN.
Garzón señalaba en su escrito que el vicepresidente del CGPJ, Fernando De Rosa, fue miembro del Gobierno de la Generalitat Valenciana que preside Francisco Camps, "persona de la cual se dedujeron indicios de delito" en la instrucción que desarrolló en 2009 sobre la 'trama Gürtel'.
Tras poner de manifiesto la "amistad íntima" y la "relación de servicio" entre Camps y De Rosa y el "interés personal" del vocal en este asunto, el juez recordaba que, "lejos de guardar la debida prudencia a la que su nuevo cargo le obligaba", el aludido realizó "una desaforada defensa de su antiguo jefe", a quien calificó de "absolutamente honorable".
El magistrado también destacaba en su escrito la "enemistad profunda" que, a su juicio, le profesa Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior, desde que ambos coincidieron en los años noventa en cargos del Gobierno de Felipe González.
"Basta consultar las hemerotecas para recordar que para aquel entonces el Ministerio de Justicia e Interior mantuvo posturas encontradas con el Juzgado Central de Instrucción número 5", afirmaba, tras recordar que en esa época instruyó casos como los de Roldán, los 'papeles de Laos', los fondos reservados o el GAL.
El juez atribuye a esta "enemistad manifiesta" el hecho de que en la reunión del pasado 8 de febrero Robles propusiera la inclusión en el orden del día de la Comisión Permanente del CGPJ de los autos dictados por el Supremo en las causas que siguen contra él.
Con respecto a Gallego, Garzon exponía que fue la juez que instruyó la supuesta falsificación del informe pericial que, "con una notabílisima falta de consistencia" trató de vincular la posesión de ácido bórico en poder de un implicado en los atentados del 11 de marzo de 2004 con anteriores aprehensiones de esta sustancia a miembros de ETA.
El juez añade que, al sentirse "desautorizada por la Audiencia", esta vocal ha desarrollado "una constante persecución" de su persona "hasta un punto poco razonable y que muestra", a su entender, "una nula disposición para enfrentar de forma objetiva y serena" el estudio de su situación personal. "Sólo puedo entender esta manifiesta falta de objetividad en la enemistad que me profesaría esta vocal", resume.
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