MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado revisar de oficio la suspensión de funciones del ex juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita, que fue acordada cuando el Tribunal Superior de Justicia de Murcia admitió a principios de 2008 una querella criminal contra él por retardar un expediente de adopción instado por una pareja de lesbianas.
Calamita decía en su escrito al Consejo sentirse discriminado frente al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, puesto que fue suspendido con la sola admisión a trámite de un procedimiento penal contra él, mientras que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acumula ya tres querellas en el Tribunal Supremo sin que el Consejo haya tomado ninguna decisión al respecto.
Fuentes del Consejo señalaron a Europa Press que el rechazo de las pretensiones de Calamita fue acordada ayer en el Pleno y que esta decisión sólo puede ser recurrida mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
El Consejo suele suspender en sus funciones a los jueces que son investigados tras la admisión de una querella criminal contra ellos cuando ésta ha sido instada por la Fiscalía, pero en el caso de Calamita, la querella por "retardo malicioso" se incoó a instancias de parte, si bien el Ministerio Público informó a favor de la suspensión mientras se dirimía la causa penal.
En el caso de Garzón, las tres causas que admitidas a trámite en el Tribunal Supremo han sido presentadas por acusaciones populares (por prevaricar al investigar las investigaciones del Franquismo y por sus cobros de la Universidad de Nueva York) o por particulares (en el caso abierto por la intervención de las conversaciones en prisión de los cabecillas de la trama "Gürtel"). En todos los casos la Fiscalía ha informado en contra de las imputaciones al juez Garzón.
El pasado mes de diciembre, el Supremo aumentó desde los 2 a 10 años la inhabilitación impuesta al que fuera juez de familia en Murcia Fernando Ferrín Calamita por retrasar el trámite de adopción de una menor por parte de la esposa de la madre biológica de la pequeña. También deberá pagar una multa de 620 euros e indemnizar a las perjudicadas con 6.000 euros
Esta sentencia estimaba parcialmente los recursos interpuestos por la Fiscalía y por las perjudicadas contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que condenó al juez a una pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación por un delito de retardo malicioso en la tramitación del expediente de adopción. El alto tribunal considera, a instancia de las acusaciones que la actuación del juez constituyó un delito de prevaricación.
