SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, defendió hoy que la administración andaluza ha ejercido su "responsabilidad" en todo momento en el control de la legalidad urbanística en el municipio de Marbella (Málaga) y aseguró que el auto del juez que investiga el caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, que rechaza que la Junta sea parte "perjudicada" en el procedimiento y ve su situación "más próxima al responsable civil", se basa en "apreciaciones subjetivas".
En declaraciones a Antena 3 TV recogidas por Europa Press, Chaves expresó su "respeto" al auto dictado por el juez Torres por el que desestima la solicitud de la Junta de personarse en el procedimiento como parte perjudicada, pero deja abierta la posibilidad de que el Ejecutivo andaluz se persone como acusación particular, "que es lo que hemos hecho", subrayó.
En un auto dictado el pasado mes de noviembre, incluido en la parte del sumario no declarada secreta desde el pasado martes y a la que tuvo acceso Europa Press, el juez Torres entiende que la Junta de Andalucía "no es perjudicado en este procedimiento, sino que en atención a sus amplias competencias, en particular en materia de urbanismo, su situación está más próxima al responsable civil" e incluso añade "con una posición que se aproxima conceptualmente al partícipe a título lucrativo como beneficiario de los ingresos tributarios de todas las licencias ilegales concedidas hasta las detenciones en la presente causas".
Preguntado por el contenido del auto y sus referencias a la "responsabilidad" de la Junta en relación con el caso 'Malaya', el jefe del Ejecutivo andaluz señaló que, "partiendo del respeto, lo que dice el juez Torres son apreciaciones subjetivas", ya que advirtió de que "decir no ha querido, no ha sabido, no ha podido, ahí hay un trecho muy largo, diga usted o no hemos sabido, no hemos podido o no hemos querido".
Frente a estas "apreciaciones" del juez, Chaves defendió con vehemencia que "sí hemos sabido, sí hemos querido y sí hemos podido ejercer nuestra responsabilidad, y la hemos ejercido porque más de 400 decisiones del Ayuntamiento de Marbella han sido impugnadas por la Junta de Andalucía ante los tribunales y ante la Fiscalía".
"Esa era la única competencia que teníamos ante licencias y convenios urbanísticos del Ayuntamiento, impugnar ante los tribunales, y es lo que hemos hecho", insistió el presidente andaluz, que quiso dejar claro igualmente que "no es cierto que nos hayamos enriquecido de los impuestos", como afirma el auto, ya que puso de manifiesto que "los impuestos sobre las licencias urbanísticas no los cobra la Junta, sino el Ayuntamiento de Marbella".
Tras el auto dictado por el juez Torres en noviembre, el equipo jurídico de la Junta presentó en diciembre un escrito solicitando su personación como acusación popular, mientras se resuelve el recurso de apelación presentado contra el rechazo a ser acusación particular. El fiscal Anticorrupción emitió un informe el 18 de enero en el que decía no tener "nada que objetar" a la pretensión del Gobierno andaluz de ser acusación popular, personación que fue aceptada por el juez Torres el 22 del mismo mes.