Chivatazo.- El fiscal decidirá si pide la declaración de Carlos G. tras analizar todos los informes pedidos por Ruz

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidirá si pide una nueva declaración del comisario Carlos G., jefe de la investigación sobre el chivatazo policial a ETA que se produjo en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006, una vez que analice todos los informes solicitados por el juez Pablo Ruz.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes fiscales que han señalado que el Ministerio Público valorará la posibilidad de solicitar nuevas diligencias una vez que analice en profundidad los nuevos informes que obran en la causa desde el pasado viernes.

Entre ellos se encuentra un análisis ampliatorio elaborado por el equipo de Carlos G. que ha sido declarado secreto por el juez y en el que, según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, incluye varios fotogramas en los que aparece en las inmediaciones del bar 'Faisán' una persona a la que se identifica como el inspector de Vitoria que está imputado en la causa.

En el documento remitido al juez por el jefe de los investigadores también se detalla la hora en la que el supuesto autor del chivatazo, "tras finalizar la llamada, salió por la puerta del bar situada frente al edificio de la Aduana y de las cabinas de teléfono" y cruzó la carretera "en dirección a la gasolinera", tal y como consta en la declaración judicial que realizó el dueño del 'Faisán', Joseba Elosúa.

Además, el juez preguntó al equipo de investigación si las dos puertas del bar estaban siendo vigiladas, si se analizaron las llamadas realizadas con teléfonos prepago y por qué existían dos cortes en el vídeo grabado por los agentes que se encargaban de la operación. También le pidió un plano de la zona, un estudio pericial fisonómico que permitiera identificar al inspector imputado como la persona grabada y una certificación de la cadena de custodia.

Respecto a este último punto, el informe recibido por el juez acredita, según fuentes jurídicas, que la cadena de custodia no se rompió en ningún momento y que el vídeo estuvo a cargo de la Comisaría General de Información hasta el mismo momento en el que se puso a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5.

LOS CORTES NO FUERON "ACCIDENTALES"

Las partes personadas en la causa también tienen acceso desde el pasado martes a un informe de la Guardia Civil que sostiene que los cortes que presenta la cinta no fueron "accidentales" y se produjeron en el momento en que se estaba realizando la grabación, que corrió a cargo del equipo de investigación.

El tercer informe que ha llegado al juzgado es una ampliación de la pericial telefónica en la que tres peritos de la compañía Telefónica Móviles detallan la ubicación de las llamadas ocurridas el día del chivatazo y se pronuncian sobre la posibilidad de que existan algunas que se produjeran desde repetidores que no hayan sido analizados por la policía.

De esta forma, el juez ha recibido todos los informes que solicitó en un auto dictado el pasado 24 de enero en el que reactivaba la investigación contra el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y el inspector de Vitoria por los supuestos delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de diez).

PRONUNCIAMIENTO DEL FISCAL

El Ministerio Fiscal también tiene previsto presentar esta semana un informe sobre la petición de Dignidad y Justicia (DyJ) de llevar a cabo un careo entre el jefe de la investigación, Carlos G., y el comisario José C., que le acusó de intentar borrar la conversación en la que Elosúa reconocía la existencia del chivatazo y de poner reparos a la operación por los "riesgos políticos" que conllevaba.

Del mismo modo, se tiene que pronunciar sobre la petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) de tomar declaración a Carlos G. en calidad de testigo para confrontar su versión con la de José C., que entonces era su superior jerárquico al ocupar el puesto de comisario jefe accidental de la Unidad Central de Información (UCI) del Cuerpo Nacional de Policía.

INFORMES PENDIENTES

El juez dirigió el pasado 1 de febrero un requerimiento al director adjunto operativo (DAO) de la Policía para que le aclare si el departamento de Asuntos Internos "confeccionó expediente o informe alguno sobre los policías que participaron en la operación franco-española para detener a los integrantes del aparato de extorsión de la organización terrorista ETA".

También pidió ser informado sobre si existió "orden de servicio o comunicación similar" para que el inspector de la Brigada de Información de Álava que está imputado fue "comisionado" para desplazarse a Irún el 4 de mayo de 2006.

En caso de no existir dicho parte, Ruz solicitó que "se aporte el protocolo de actuación policial que pudiera existir relativo a la obligatoriedad o no de realización de partes de actuación que justifiquen la salida de un funcionario policial fuera de la demarcación provincial donde ejerce su trabajo".

A petición de la defensa del jefe superior de Policía en el País Vasco, el juez también acordó una ampliación de la prueba pericial telefónica para "concretar si en 2006 existían medios técnicos que permitieran ubicar un teléfono móvil en un punto exacto o simplemente indicaban una zona".