El pasado día 15 se pidió que se le investigase por sus prácticas "poco ortodoxas" al frente de una Brigada de Asuntos Internos
MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Inspector de Policía que dirigió las investigaciones del 'caso chivatazo' sobre un presunto soplo policial a una red de extorsión de ETA acumula numerosas quejas formales ante el Consejo de la Policía procedentes los sindicatos policiales, según las actas de reuniones de este órgano a las que ha tenido acceso Europa Press. Denuncian sus prácticas y modo de actuar en su actual destino en la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía.
A lo largo de los últimos meses son varias las quejas elevadas por varios sindicatos hacia el Consejo de la Policía que preside el Director General de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez. Estas observaciones han sido transmitidas tanto de manera verbal como por escrito en denuncia de las prácticas desarrolladas por una de las dos Brigadas de la Unidad de Asuntos Internos, concretamente la que dirige Carlos G.
Una de ellas se produjo el pasado 12 de noviembre durante la reunión de la Comisión de Personal y Proyectos Normativos del Consejo de la Policía. En aquella ocasión, fue el representante del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) quien "elevó una protesta por los métodos utilizados por la Brigada de la Unidad de Asuntos Internos que había llevado a cabo el esclarecimiento del robo de la droga en Sevilla, adhiriéndose a esta protesta el representante del Sindicato profesional de la Policía", según el acta de la reunión.
Ya el 26 de octubre de 2009, el propio SPP emitió un comunicado recogido por los medios de comunicación en el que acusaba personalmente a Carlos. G de "enfangar" y de usar "métodos poco ortodoxos" en esta investigación de Sevilla en la que fueron imputados varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía. "No nos queda más que pensar que el Jefe de la Brigada de Asuntos Internos ha cometido graves errores de investigación al igual que en el asunto del chivatazo", matizaba el SPP.
"LA GOTA QUE COLMÓ EL VASO"
No obstante, las fuentes consultadas indicaron que el caso de Sevilla tan sólo fue "la gota que colmó el vaso" del malestar hacía el proceder de este Inspector. El acta de otra reunión del Consejo de la Policía del día 27 de enero de 2009, esta vez presidida por el propio Velázquez, también recoge otra protesta del SUP en la que se cuestionaba la actuación de la Unidad de Asuntos Internos en relación a una investigación dirigida por un Juzgado de Málaga sobre un Inspector de la Policía.
El malestar contra la Unidad de Asuntos Internos y, en concreto, contra la Brigada que dirige Carlos G., llegó a provocar la unión de acción de todos los sindicatos por medio de un escrito conjunto de condena registrado el pasado 20 de octubre ante la Jefatura Superior de Asturias. SUP, CEP, SPP y UFP aseguraban que "la actuación llevada a cabo por los miembros de la Unidad de Asuntos Internos se ha realizado vulnerando derechos fundamentales".
Censuraban así las actuaciones realizadas por la Brigada de Carlos G. en la Comisaría de Gijón respecto a funcionarios de la Brigada Local de Extranjería. "Manifestamos nuestra más contundente queja por la actuación policial de los funcionarios de la Unidad de Asuntos Internos", decían los sindicatos al tiempo que recordaban que se trata de una "unidad más dentro del Cuerpo Nacional de Policía y como tal sus acciones han de estar dentro de las legalidades establecidas". "No toleraremos prácticas abusivas y ajenas a un Estado de Derecho", zanjaba el escrito.
La última vez que los sindicatos escenificaron este malestar fue durante la celebración del último Consejo de la Policía celebrado el pasado 15 de marzo. En este caso, fue el SPP quien dio un paso más al solicitar al Director General de la Policía que iniciase una investigación sobre Carlos G. dadas las numerosas quejas contra él. En la mayoría de los casos, las protestas de los sindicatos parten de denuncias presentadas por afiliados que se han visto afectados por alguna investigación de este Inspector.
En el año 2006, Carlos G. dirigió el operativo policial que vigilaba el Bar Faisán, propiedad de Joseba Elosúa, presunto líder de una trama de extorsión de ETA y posteriormente fue el encargado de dirigir las investigaciones sobre el presunto soplo policial que frustró una operación contra esta trama en plena negociación del Gobierno con ETA. Sus investigaciones fueron resumidas en un informe policial a partir del cual el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó al ex Director del Cuerpo Nacional de la Policía, Víctor García Hidalgo y a otros dos mandos policiales.
