SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Sevilla ha dejado este jueves visto para sentencia
el juicio sobre la pieza separada de la macrocausa de las ayudas autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, correspondiente a los casi 1,5 millones concedidos por el que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero a su exchófer Juan Francisco Trujillo, quien en su última palabra ha defendido que ha "colaborado con la justicia" y ha padecido mucho "sufrimiento y acoso" por sus responsabilidades, por lo que ha reclamado que ninguna de sus penas de prisión supere los dos años y que las mismas sean suspendidas.
Juan Francisco Trujillo ha hecho uso de su última palabra, después de que el fiscal, que reclamaba inicialmente para él 14 años de prisión por delitos de malversación, redujese su petición a diez años y tres meses de cárcel al apreciar la atenuante simple de dilaciones indebidas en la tramitación de la causa.
En ese sentido, el acusado ha reclamado al tribunal la aplicación de dicha atenuante pero en la categoría de dilaciones muy cualificadas en segundo grado, porque los hechos "se remontan a 2004 y 2005" y han transcurrido casi "20 años".
Además, ha defendido que ha "colaborado con la justicia" y que al haber sido condenado ya por tres delitos fiscales respecto a las ayudas en cuestión, ha afrontado "33 meses" de prisión, con el cumplimiento efectivo de "siete meses en preventiva y 12 meses de trabajos en beneficio de la comunidad".
TODO SU "SUFRIMIENTO Y ACOSO" POR SU PROPIA "RESPONSABILIDAD"
Juan Francisco Trujillo ha esgrimido igualmente el "sufrimiento y acoso" padecidos por su propia "responsabilidad", solicitando con ello al tribunal que ninguna de las penas que le serán impuestas por malversación supere los dos años de prisión y que las mismas sean suspendidas a condición de que no vuelva a delinquir.
Esta última sesión del juicio ha estado además centrada en las conclusiones y los informes finales de las partes, que son la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el PP andaluz como acusaciones; y las defensas de los inculpados, que son Juan Francisco Trujillo; Isidoro Ruz Espigares como administrador de una de las empresas relacionadas con el primero; el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín, ya condenado por la pieza relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco); y finalmente la esposa de Trujillo, Juana Gallego, acusada exclusivamente como beneficiaria a título lucrativo.
Durante la primera sesión del juicio, recordémoslo, Juan Francisco Trujillo ratificaba el contenido de sus comparecencias en fase de instrucción, cuando manifestó que con las ayudas por valor de 900.000 euros concedidas por decisión de la Dirección General de Trabajo a las empresas de su propiedad Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena (a las que se sumó una más de 450.000 euros a una empresa de Ruz Espigares); dio parte del dinero "en mano" al propio Guerrero, compró "material de telefonía, artículos de música, antigüedades y ropa" para su jefe y empleó "la mayor parte" de la cuantía en cocaína para los dos y en "ir de fiestas y de copas".
Un agente que participó en el registro policial del domicilio de Trujillo el 15 de diciembre de 2011, en busca de documentación sobre las ayudas, testificó de su lado que el citado acusado dijo a los policías que como "le habían dejado tirado", iba a "contarlo todo".
LAS COMPRAS DE COCAÍNA
También ha testificado en el juicio un conocido de Francisco Javier Guerrero, --fallecido en 2020 tras haber sido condenado por prevaricación y malversación en el mecanismo específico de financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias con fondos autonómicos--, asegurando que el chófer recurrió a él varias veces para comprar cantidades de "10, 15 o 20 gramos" de cocaína.
Según sus palabras, Juan Francisco Trujillo le pagaba con "billetes de 500" euros e incluso en una ocasión le llegó "ofrecer dinero" para que viajase a sudamérica al objeto de "comprar droga" allí; agregando que cuando quedó en paro pidió ayuda a Guerrero y por medio del mismo fue contratado durante un año y medio por la consultora Vitalia Vida, que elaboraba para la Junta de Andalucía las pólizas de seguro de rentas financiadas irregularmente por el departamento de Guerrero; pese a que él era cocinero y no tenía "ni idea" del trabajo que desempeñaba dicha empresa.
En ese sentido, el fiscal del caso ha expuesto que durante el juicio, ha quedado acreditado que Juan Francisco Trujillo dedicó los fondos públicos de las ayudas autonómicas recibidas "al pago de gastos propios, para terrenos e inversiones especulativas"; actuando además como "mera caja pagadora de cocaína, copas, antigüedades, objetos suntuosos" y productos de tecnología en favor de Francisco Javier Guerrero.
LA PÓLIZA DE LA MADRE DEL CHÓFER
Todo ello, según ha destacado, mediante estos fondos públicos concedidos absolutamente sin "procedimiento" legal ni marco normativo, con el consiguiente "menoscabo" para el erario común; destacando que con el "conocimiento y beneplácito" de Albarracín como directivo de Vitalia, fueron "desviados" 125.000 euros de la póliza de seguro de rentas correspondiente al ERE de la empresa Hitemasa, para confeccionar una "aparente y ficticia" póliza creada en favor de la madre de Trujillo, pero sin que ella "conociese" tal extremo.
Trujillo, según la Fiscalía, habría firmado dicha póliza falseando la rúbrica de su madre, retirando los fondos abonados por la Junta por dicha póliza para dedicarlos él a "los mismos fines" ya descritos.
Respecto a Albarracín, también ha manifestado que por mediación de Guerrero, "consintió" en contratar en Vitalia a un conocido del mismo, el mencionado testigo que proporcionaba cocaína a Trujillo, que "no aportaba nada" a la empresa, pues se trataba de un cocinero en una consultora económica.
En cuanto a Ruz Espigares, el fiscal ha descartado la tesis del mismo respecto a que desconocía la operativa en materia de ayudas, señalando la trayectoria del mismo en la gestión de una empresa hotelera. Sobre todo, ha recordado que creó la sociedad beneficiaria de su ayuda de 450.000 euros "dos meses después" de la firma del convenio correspondiente a la entrega de tales fondos.
"NO ACREDITADA" LA DEVOLUCIÓN
Y sobre la esposa de Juan Francisco Trujillo, aunque el mismo asegurase en el juicio que ella le devolvió los 24.000 euros que reconoció haberle transferido de las ayudas recibidas, para la adquisición de una vivienda; el fiscal ha alertado de que "no ha quedado acreditada dicha devolución" de fondos, destacando la "complejidad" del entramado económico orquestado por este matrimonio.
El fiscal reclamaba en su escrito inicial de acusación 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028 euros en el caso de Trujillo, seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Antonio Albarracín, si bien como ha sido señalado, finalmente en la fase de conclusiones ha introducido una alteración en sus peticiones, al apreciar la atenuante simple de dilaciones indebidas.
A consecuencia de ello, ha reducido sus peticiones de cárcel para todos los inculpados, solicitando finalmente diez años y tres meses de cárcel para Juan Francisco Trujillo, dos años y nueve meses para Albarracín y dos años y tres meses para Ruz Espigares.
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