MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
Ciudadanos ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que reclama que en el plazo de seis meses se desarrolle el reglamento que permita mejoras para las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, incluida una regulación de subvenciones que les permitan facilitar su funcionamiento.
En una proposición no de ley, recogida por Europa Press, Ciudadanos recuerda que el derecho de asociación de los militares fue regulado en 2011 por la Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
En ella se establecieron importantes limitaciones para la financiación de las asociaciones, que sólo podrán financiarse a través de las cuotas de los afiliados. Además, tienen prohibido percibir o ser destinatarios de donaciones privadas.
En cambio, sí pueden percibir subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, una previsión que Ciudadanos denuncia que no ha sido utilizada por el Ministerio de Defensa en momento alguno desde la entrada en vigor de la Ley. "Sin embargo, en el ámbito de las asociaciones profesionales de guardias civiles sí se ha utilizado esta vía", apunta.
El partido naranja considera así necesario poner en marcha una regulación específica que permita dotar presupuestariamente subvenciones que faciliten la organización y el funcionamiento de estas asociaciones profesionales, ayudando a "fomentar el mayor dinamismo de cada asociación en el desarrollo de su actividad principal, promover la realización de actividades de formación y estudio profesional sobre cuestiones de interés para las Fuerzas Armadas y la publicación de contenidos de interés profesional".
LOCALES EN LAS DELEGACIONES DE DEFENSA
Además, recuerda que la Ley también estipula que las asociaciones deben contar con lugares para hacer públicas sus comunicaciones y las
delegaciones y subdelegaciones de Defensa proporcionarán locales y medios adecuados para uso común de las asociaciones profesionales.
Ciudadanos denuncia que este precepto tampoco ha sido aún desarrollado por una norma de rango inferior, a pesar del tiempo
transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley de derechos y deberes y de que estos medios son "esenciales".
