Coalición Canaria plantea en el Congreso prohibir que las televisiones paguen entrevistas a delincuentes convictos

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria ha decidido llevar al Pleno del Congreso la polémica de las entrevistas televisivas a delincuentes convictos y, a través de una proposición no de ley, pedirá al Gobierno que prohíba el pago de remuneraciones por parte de radios y televisiones a personas condenadas que no hayan devuelto lo robado o no hayan satisfecho las indemnizaciones impuestas por los tribunales.

Esta polémica se ha suscitado con las recientes entrevistas televisadas a Luis Roldán, ex director de la Guardia Civil en los ochenta, y el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, ambos condenados por delitos de corrupción. Ya antes se habían cuestionado las entrevistas pagadas a la pareja del agresor del profesor Jesús Neira, que cayó en coma por una paliza por parte de un supuesto maltratador.

CC recuerda que se ha hablado de compensaciones de 350.000 y 50.000 euros por las declaraciones de Muñoz y Roldán, algo que a su juicio "constituye un paso más en la perversión del sistema de valores de nuestro ordenamiento penal y de nuestro sistema de convivencia".

INMORAL E INJUSTO

"Es inmoral e injusto que delincuentes reconocidos y condenados obtengan beneficios por la comisión de sus delitos. No es justo que lo que el sistema penal condena sea premiado por el mercado", asegura la portavoz de CC, Ana Oramas, quien destaca además que esos delincuentes acaban recibiendo unas cantidades que "ningún profesional de la televisión percibe por aparecer en pantalla una o varias horas".

La propuesta de Coalición Canaria busca "evitar el pago de remuneraciones de cualquier tipo, por parte de las radios y televisiones públicas y privadas, a delincuentes convictos que no hayan devuelto lo robado o no hayan satisfecho las indemnizaciones impuestas por los tribunales".

Además, recalcan que "la ilegalización de estas prácticas debe alcanzar también a sus familiares o allegados y, como es lógicamente deducible, a las productoras que realizan los programas por encargo de las cadenas". Tampoco hace distingos entre cadenas privadas o públicas porque, según argumenta, todos realizan un servicio público, bien directamente a través de las emisoras estatales (que no incurren en estas prácticas) o bien a través de los medios privados, que disfrutan de una concesión administrativa".

Es más, piden al Gobierno y al Parlamento que estudien la posibilidad de extender la ilegalización de estos pagos a las personas imputadas en la comisión de delitos o condenados por los mismos sin penalización económica pendiente, que podrían ejercer su derecho a la libre expresión en los medios, pero sin cobrar por ello.

En la iniciativa se alude asimismo a que una ordenación más amplia sobre esta cuestión, que alcance a todos los medios de comunicación privados y no sólo a los que disfrutan de una concesión administrativa, si bien se deja en manos de la autorregulación de las organizaciones profesionales de la comunicación y el periodismo, para evitar que los delincuentes obtengan beneficios indirectos por la comisión de sus delitos.

Ana Oramas incidió en que la limitación legal de estas prácticas retributivas a personas que hayan sido condenadas por los tribunales no puede ser total e incondicionada si se desea respetar el derecho constitucional a la libertad de expresión y de información.

DOBLE AGRAVIO PARA LA SOCIEDAD

"Pero sí cabe aplicarla a aquellas que mantengan deudas con las administraciones, fruto de una sentencia condenatoria, porque de otra forma se produciría un doble agravio a la sociedad: la no devolución de lo indebidamente apropiado y el premio económico por la notoriedad de su delito", sentenció.

A su juicio, "no puede ser que el delito se convierta en un objeto mercantil con el que se puedan obtener beneficios en el mercado mediático". "Nadie puede hacerse rico en base a delitos --proclama en un comunicado--. Esa es una máxima moral con muchos siglos de antigüedad".

Oramas sostiene que, "en la sociedad de la información, la mercancía es la información, y más valiosa es cuanto más exclusiva". "Pero no debe ser objeto de comercio una declaración sobre un delito, y mucho menos cuando la realiza el delincuente --avisa--. Harán bien los jueces en reclamar las cantidades percibidas; pero la ilegalización alejará la posibilidad de que sean cobradas por familiares o testaferros".