MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, que siguen las televisiones para proteger a los menores de contenidos no recomendados para su edad, "no cumple los requisitos mínimos exigibles a cualquier sistema de autorregulación para ser mínimamente creíble", según un estudio realizado por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) para el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
En dicho estudio, la AUC recuerda que este código se puso en marcha en un momento en el que "la percepción mayoritaria de los ciudadanos era de indefensión ante los excesos de las televisiones, especialmente desde el punto de vista de protección de los menores, a pesar de existir una legislación clara para esa protección que debía aplicar el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio".
Tras analizar otros modelos de autorregulación existentes en España en el ámbito de la comunicación y la infancia, como los existentes en materia de juguetes y de alimentación, AUC llega a la conclusión de que el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia es el "más insatisfactorio de todos ellos y difícilmente podría ser reconocido en el ámbito de la Unión Europea".
Concretamente, la asociación critica la "inexistencia de jueces externos que determinen en cada caso si las televisiones han incumplido o no el Código y la inexistencia de algún tipo compromiso de cese o rectificación a futuro e incluso de algún tipo de sanción en caso de incumplimiento".
Tal y como señala AUC, el Código de Autorregulación y su modelo de aplicación están diseñados de tal modo que los operadores televisivos son "juez y parte" a la hora de valorar las quejas recibidas sobre la programación televisiva, "sin las más mínimas garantías de neutralidad que hagan creíble dicho modelo".
Por ello, la AUC pide una revisión en profundidad del Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia para que "verdaderamente pueda cumplir su objetivo de proteger a los menores como espectadores" hasta que se ponga en marcha el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que la Ley General de Comunicación Audiovisual contempla como nueva autoridad reguladora en la materia.