Tiene sobre la mesa una queja contra uno de los firmantes de la demanda, que por su parte le ha pedido amparo
MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha emitido un comunicado este lunes en el que expresa su solidaridad con el instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ante la demanda civil presentada contra él en Bélgica por la defensa del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros.
Se da la circunstancia de que en breve la institución que representa tendrá que resolver sobre dos expedientes diferentes relativos a este asunto, ya que el eurodiputado Enrique Calvet, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, ha presentado una queja contra uno de los abogados firmantes de la citada demanda, Gonzalo Boye, al que acusa de tergiversar en la demanda las manifestaciones públicas del magistrado español en las que fundamentan su acusación de falta de imparcialidad del mismo.
Además, Boye ha pedido amparo al propio Colegio ante lo que considera "injurias" vertidas contra él. Ninguno de estos escritos, sin embargo, habían llegado físicamente este lunes al Colegio de Abogados de Madrid, según han señalado a Europa Press fuentes de este órgano, que apuntan a que el comunicado en defensa de Llarena ya estaba previsto antes de que se anunciaran las peticiones tanto del eurodiputado como de Boye.
En su escrito, el decano de Madrid rechaza "enérgicamente" la demanda que se sustanciará en Bruselas al considerar que incurre en "intolerables ataques" y "gravísimas ofensas de la actuación del juez en defensa de la Constitución".
COMPARTE LA DEFENSA DE LLARENA POR EL GOBIERNO
Alonso añade que defiende la integridad de los jueces españoles, la independencia del Poder Judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, "que bajo ninguna circunstancia puede ni debe ser fiscalizada por los tribunales de un tercer Estado", y que por ello comparte decisión del Gobierno de poner en marcha todos los mecanismos necesarios para defender la soberanía jurisdiccional española "en este y en todo proceso, atendiendo las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial."
Así, apoya las decisiones del Ejecutivo que "en las las antípodas de la dejación de funciones, pasen por una respuesta positiva y con total diligencia con arreglo a la legislación vigente en defensa de las actuaciones desarrolladas por Pablo Llarena en el ejercicio de la función jurisdiccional".
Finaliza Alonso señalando que tiene el convencimiento de que Llarena es un magistrado, "además de inamovible y responsable, independiente, estando por ello sometido en cualquier procedimiento únicamente al imperio de la ley, al igual que el resto de miembros de la carrera judicial".
