Destaca que si ejercen de acusación en la causa será para defender el "ejercicio profesional de la abogacía"
MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid valorará personarse como acusación popular en la causa por la querella contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el caso 'Lezo', presentada por el empresario Juan Miguel Villar Mir por grabar conversaciones con su abogado si el Tribunal Supremo decide investigar estos hechos.
Así lo ha anunciado en un comunicado de prensa en el que subraya que primero es necesario "aguardar a que la querella sea admitida a trámite e iniciada la actividad instructora".
Si esto es así, la Junta de Gobierno entonces valorará la "oportuna personación" en defensa "del ejercicio profesional de la abogacía, evitando cualquier tipo de instrumentalización en interés de parte". Asimismo, el Colegio de Abogados destaca que la decisión que finalmente se acuerde será independiente al amparo colegial concedidos a los abogados del empresario el pasado mes de julio.
La defensa del empresario Juan Miguel Villar Mir ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por autorizar los pinchazos telefónicos entre los abogados y su cliente e incorporar el contenido de las mismas al sumario.
ADVERTENCIA EXPRESA DE LAS GRABACIONES
La querella relata que el día 9 de enero de 2018 la UCO advirtió expresamente de que había escuchado, grabado y analizado las conversaciones entre una persona investigada y su abogado y el magistrado no ordenó el inmediato cese de la actuación y la eliminación de la información obtenida, sino que recibió en el juzgado un oficio aparte con las transcripciones.
De estas transcripciones salió, según los querellantes, el problema con el certificado médico que Villar Mir presentó para aducir problemas de salud y evitar comparecer en la Audiencia Nacional cuando estaba previsto. El facultativo acabó siendo llamado a declarar en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde ahora se investiga si incurrió en una falsedad.
La querella insiste en que García Castellón no dictó ninguna resolución que "específicamente habilitara a la UCO para grabar las conversaciones entre el señor Villar Mir y su abogado en relación a la entrega del certificado médico" y alega además, que si el magistrado hubiera sospechado en su momento que había alguna irregularidad en la conducta del médico, habría mandado a un forense para reconocer al imputado en lugar de aceptar que se pospusiera la comparecencia.
PIDIERON LAS GRABACIONES
Los abogados pidieron al juez en marzo la entrega de las grabaciones, algo que según afirman, fue informado positivamente por el fiscal, sin embargo nunca llegó a producirse y de hecho, el letrado de la Administración de Justicia que estaba a cargo y contra el que también se han querellado, les informó de que nunca habían llegado al juzgado y seguían en poder de la UCO.
Con todo, en abril, el juez de refuerzo Diego de Egea dictó un auto que ordenaba la destrucción de todas las grabaciones en las que se pudiera ver afectado el derecho de defensa, pero la Fiscalía pidió que se conservasen las que había mantenido Villar Mir con el mencionado médico. Finalmente, García Castellón resolvió mantener esos intercambios, pero también otros a los que los querellantes, tras sucesivas peticiones, no han conseguido tener acceso.
Por eso la querella apunta también a un posible delito de falsedad e infidelidad en la custodia de documentos, ya que, tal y como expone, "por asombroso que parezca", resulta "imposible" conocer si las grabaciones de las conversaciones entre el querellante y sus clientes han sido destruidas o si no lo han sido, al existir resoluciones, diligencias e informes de los querellados "contradictorios".
