Actualizado 11/03/2009 20:14 CET

Com.Inv.- La comisión dictará que no hay responsabilidades políticas en Interior, pese a la indignación de la oposición

Granados cierra las comparecencias sin oír a las víctimas de los supuestos seguimientos

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, puso hoy el broche final a la lista de comparecencias de la comisión de investigación sobre una presunta trama de espionajes a políticos, que el próximo 18 de marzo dictaminará que no decaen responsabilidades políticas de los hechos, puesto que los partes de seguimientos "se han demostrado falsos".

Pese a la indignación de PSOE e Izquierda Unida, el Partido Popular impuso a través de su mayoría absoluta, desde el principio de los trabajos, sus reglas a una comisión que finalmente quedó reducida a cuatro jornadas de debates y once comparecencias, todas ellas solicitadas por los populares. Sólo el vicepresidente del Gobierno y víctima de los espionajes, Ignacio González, que estaba en la lista presentada por el PP, ha evitado finalmente someterse a los interrogatorios de los portavoces parlamentarios.

A partir de ahora, los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta el próximo lunes para sacar sus propias conclusiones y presentar un dictamen, que será debatido y votado el lunes en la comisión y elevado al pleno el próximo miércoles.

La comparecencia de Granados fue, a todas luces, la más árida y encendida de las desarrolladas hasta ahora. El consejero, que fue acusado de "chulo", "mentiroso compulsivo" y "matón" por la oposición, se defendió de las acusaciones que pesaban sobre él con "la fuerza de los hechos" y 15 documentos de toda índole que confirman que todos los gobiernos regionales anteriores han desarrollado tareas de contravigilancia y protección de altos cargos.

Esta línea argumental fue precisamente la mantenida por el PP desde el mismo día 4 de marzo, cuando arrancaron los debates, aunque en esa ocasión el ex consejero de Joaquín Leguina Virgilio Cano y el de Alberto Ruiz-Gallardón Carlos Mayor Oreja, así como Pedro Calvo, actual concejal de Seguridad del Ayuntamiento, negaron en todo momento que realizaran estas labores durante sus mandatos al carecer de competencias para ello en el Estatuto de autonomía. Ello llevó a Granados, pertrechado con sus documentos, a asegurar que mintieron.

Con las asistencias de los cargos actuales de la Consejería, el devenir de la comisión comenzó a sonreír a los populares, que pudieron escuchar cómo, uno tras otro, diferentes asesores y responsables de seguridad afirmaban no haber visto nunca los famosos partes de seguimiento sobre los que se sostiene la hipótesis de una red parapolicial de espionaje con fines políticos. La oposición culpó al Gobierno regional de manipular a los comparecientes, puesto que casi todos ellos leyeron parte de su intervención, que además era coincidente.

Fue el caso del asesor Marcos Peña, supuesto cabecilla de un equipo de espías, que se derrumbó ante los micrófonos y se presentó como víctima, puesto que en las fechas en las que informaciones periodísticas le imputan seguimientos a políticos no se encontraba trabajando para la Consejería de Granados. Asimismo, el ex subdirector general de Seguridad Miguel Castaño repitió una vez más la frase "No he conocido, ni amparado, ni visto, ni ordenado ningún parte", utilizada desde el primer momento del escándalo por el propio consejero y repetida por todos los cargos en activo.

El pasado lunes se produjeron además dos de las vistas más destacadas. Es el caso de la secretaria general técnica de la Consejería, Mar Pérez Merino, que explicó que un informe reservado, elaborado por ella misma, concluye que no se ha encontrado en la contabilidad regional ningún gasto que pueda tener relación con los seguimientos a políticos que se atribuyen a la unidad de espionaje, ni tampoco la declaración de doce personas, ocho de ellos asesores de seguridad, a los que preguntó si habían realizado alguna actividad que confirme los hechos.

Por su parte, el director del Área de Seguridad, Sergio Gamón, a quien los redactores de los supuestos partes citan como su superior, calificó de "panfletos" los escritos y negó tener relación con nada de ello. Asimismo, se mostró sorprendido por el hecho de que se haya relacionado su cese, en junio de 2008, con el supuesto robo de un ordenador perteniente a un colaborador del ex consejero Alfredo Prada en el Campus de la Justicia, pues, según aseguró, él mismo llevaba pidiendo al consejero desde el mes de abril su cese "por cuestiones personales".

Precisamente la sustración de este ordenador es uno de los puntos menos claros para la oposición, que encontró una vía de discrepancia entre las declaraciones, además de la revelación de Merino de que en total han desaparecido cinco ordenadores de dependencias relacionadas con la consejería, algo que a PSOE e IU le pareció claramente extraño.

Durante todos los debates, PSOE e IU intentaron desmontar la teoría del PP subrayando las incoherencias entre los comparecientes y el hecho de que fallos en la cadena de mandos, al no ser piramidal, apuntan a la existencia de "tres estructuras paralelas" dentro de la Consejería. Sin embargo, no pudieron presentar ningún nuevo documento que arrojara más luz sobre el caso y se atuvieron a los papeles entregados por el Gobierno regional, si bien denunciaron que éstos llegaron "tarde" e "incompletos".

Concluye así la ronda de interrogatorios sin que la oposición haya conseguido llamar a las víctimas de los supuestos seguimientos, ni a los máximos responsables políticos del PP, Mariano Rajoy, Maria Dolores de Cospedal y Esperanza Aguirre, que habían solicitado.

Una comisión que culmina con dos veredictos totalmente opuestos pues para la oposición se cierra en falso por no haber podido desarrollarse democráticamente, y que para el PP ha demostrado que la hipótesis de partida era falsa.