Feijóo subraya que pretende "garantizar" el autogobierno y defiende el organismo como fórmula "inteligente" y "no de confrontación"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
Galicia ha dado luz verde a una comisión de seguimiento de las disposiciones normativas estatales y de otras comunidades autónomas para "blindar" a la comunidad frente a decisiones de la Administración central que "atenten" contra las competencias propias.
En palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, esta comisión pretende "garantizar" el autogobierno y las competencias gallegas, de manera que "velará por que las normativas sean respetuosas con el reparto competencial".
En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo aclaró que "el respeto y no el enfrentamiento" deberán se la "guía" de la relación bilateral con el Estado y afirmó que el Gobierno gallego "seguirá reforzando el respeto y la defensa de las competencias de Galicia". "Creemos que esta es la fórmula más inteligente de defender el Estatuto de Autonomía", aseveró.
El mandatario autonómico explicó que esta comisión está hecha para que, fundamentalmente, "ninguna decisión del Estado atente contra las competencias propias de Galicia", ante lo que recordó que la Xunta realizó cuatro requerimientos de invasión de competencias en los cuatro meses desde el cambio del gobierno.
Preguntado sobre si el trabajo de la comisión será un paso previo al Estatuto de Autonomía, Feijóo incidió en que se cumplirá con la palabra dicha, es decir, que el Gobierno "presente en el Parlamento un proyecto, sobre todo tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional" acerca del Estatut.
CARÁCTER DELIBERANTE
La comisión tendrá un carácter meramente deliberante y estará adscrita a la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Además, estará coordinada por la Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias.
De esta forma, el organismo se encargará de analizar las normativas estatales desde el punto de vista del reparto competencial, con el fin de acercar conclusiones acerca de si las disposiciones normativas son respetuosas con la distribución de competencias.
En el supuesto caso de que se aprecie una vulneración del reparto competencial y sea necesario acudir a los mecanismos establecidos para realizar requerimientos o recursos de inconstitucionalidad, el Consello de la Xunta será el órgano encargado de adoptar esta decisión.
FUNCIONES
Entre otras funciones, la comisión deberá seguir las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado y de otras comunidades autónomas y también harán lo propio con los proyectos normativos de los centros directivos de la Xunta y que puedan vulnerar el reparto competencial. Así, el último de los cometidos será el seguimiento de los procedimientos de conflictividad iniciados por la Comunidad gallega, los formulados por el Estado a Galicia y los conflictos constitucionales abiertos por otras comunidades.
La comisión estará formada por dos tipos de miembros, los permanentes y los no permanentes. En el grupo de los primeros, se encuentran el director de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Roberto Castro, que presidirá la comisión; un representante del centro directivo responsable de la tramitación de los procesos de conflictividad y el jefe de Gabinete de Asuntos Constitucionales de la asesoría jurídica de la Xunta. En cuanto a los no permanentes, habrá representantes de cada una de las consellerías.
Con carácter general, la comisión de seguimiento celebrará como mínimo una reunión al mes. No obstante, podrá ser convocada, por decisión de los miembros permanentes o consellerías afectadas en cualquier momento.
ACEPTACIÓN DE UN REQUERIMIENTO
Por otro lado, Feijóo recordó que la Xunta presentó un requerimiento de incompetencia a un acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el 24 de julio en relación a subvenciones en materia educativa.
Tras la intermediación de la Xunta, el Gobierno central se comprometió a modificar la próxima convocatoria de esas ayudas para adecuarlas al marco constitucional y estatutario de distribución de competencias.
Asimismo, el Consello acordó, en su reunión del pasado 30 de julio, formular al Ejecutivo central un requerimiento de incompetencia del Real decreto 975/2009, del 12 de junio, relativo a la gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
