La Comisión Constitucional del Senado rechaza el veto del PP y el PNV a la reforma del Tribunal Constitucional

Al no introducir nuevas enmiendas, la reforma de la Ley del TC será aprobada definitivamente el próximo miércoles por el Pleno del Senado MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Constitucional del Senado rechazó hoy la propuesta de veto del PP y el PNV a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que prevé la continuidad del presidente y vicepresidente del alto tribunal hasta la renovación de magistrados. El veto del PP contó con la oposición de todos los grupos parlamentarios, al igual que el del PNV, salvo con la abstención de los senadores populares.

En su intervención, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Amelia Salanueva, defendió la propuesta de veto de su partido a la Ley del TC por varias razones de "fondo y forma", especialmente en lo relativo a la prórroga del mandato del presidente del alto tribunal hasta que termine su mandato como magistrado, así como que las comunidades autónomas puedan proponer candidatos a través del Senado.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Senado, Joseba Zubia, expuso que el veto presentado se fundamenta en la ausencia de la protección jurídica reclamada por los nacionalistas vascos sobre las normas fiscales forales que emanen del Concierto Económico.

Tras su último trámite en el Congreso, el proyecto fue remitido al Senado, donde el PP y los nacionalistas vascos suman mayoría. A pesar de que con los votos de ambos la reforma podría haber sido vetada, la oposición del PNV a la propuesta de veto del PP ha evitado que el proyecto haya sido devuelto al Congreso.

Al no introducir nuevas enmiendas al texto, la reforma de la Ley del TC será aprobada definitivamente el próximo miércoles por el Pleno del Senado.

DEFICIENCIAS Y DÉFICIT LEGALES.

Salanueva justificó el veto del PP a la existencia de "deficiencias" en el proyecto de reforma y en los déficit legales que presenta, lo que conllevará, a su juicio, a "una merma de garantías de los derechos fundamentales". También criticó que la normativa llega a su último trámite en la Cámara Alta sin el apoyo del principal partido de la oposición, de lo que responsabilizó al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

"Es un proyecto de ley que tendrá consecuencias negativas porque producirá merma en las garantías procesales", aseveró la senadora, al tiempo que aclaró que su grupo "no tiene fobia al ministro, sino que no comparte ni sus propuestas ni la actitud que ha tenido desde que llegó al Ministerio".

La portavoz popular considera que la enmienda por la que se introdujo al texto la continuidad del mandato del presidente del Constitucional "manipula las reglas de juego con fines partidistas" y añadió, en este sentido, que el periodo de tres años establecido para el cambio de mandato "no se puede dilatar en el tiempo por intereses sospechosos".

Igualmente, rechazó "rotundamente" la elección de magistrados por las comunidades, al defender el fuero del Senado y la "clara inconstitucional" de esta propuesta. "El Senado no puede ejercer sus funciones más allá de lo que establece la Constitución. La propuesta constituye una invasión de la autonomía reglamentaria del Senado y sería preceptivo la propia reforma de su reglamento", aseveró.

Finalmente, defendió que la tramitación de la reforma de la ley se encuentra en el momento adecuado para introducir una nueva modificación relativa al recurso previo de los estatutos de autonomía. Según dijo, "el PP aún mantiene su tesis para que no entren en vigor Estatutos sin el pronunciamiento previa del alto tribunal".

AUSENCIA DE ARGUMENTOS.

Ante la Comisión Constitucional, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Mansilla, criticó que los argumentos del PP para fundamentar su veto se basen exclusivamente en la ausencia de acuerdos desde la llegada de Fernández Bermejo al Ministerio de Justicia, por lo que recordó que en la etapa de Juan Fernando López Aguilar se alcanzaron acuerdos con el PP que se introdujeron en el texto.

Mansilla también se refirió a la elección de magistrados por las comunidades y defendió, en este sentido, que el Senado es "una cámara de representación territorial". Por ello, se mostró contrario a admitir que previamente tenga que modificarse el reglamento con el objeto de que las comunidades puedan proponer candidatos.

"No hay cuestiones de fondo. Ustedes están de acuerdo con la modificación y no veo en sus enmiendas elementos suficientes no sólo para el veto, sino para las modificaciones que ustedes quieren introducir", apostilló.