El Gobierno de Esperanza Aguirre sostiene que la normativa invade competencias autonómicas y facilita el monopolio de Gas Natural
MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid presentaron hoy ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Estatal del Sector de Hidrocarburos que el Consejo de Gobierno acordó interponer el pasado jueves.
El Gobierno de Esperanza Aguirre sostiene que esta normativa invade competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Madrid, impide la libre competencia entre empresas distribuidoras que quieran operar en la región y facilita un monopolio natural a favor de Gas Natural.
Concretamente, el recurso alude al artículo 73 de la ley, dedicado a la 'Autorización de instalaciones de distribución de gas natural' y que, según la Comunidad de Madrid, es un precepto "contrario" a la progresiva liberalización del mercado gasista que impulsa la UE en las sucesivas regulaciones en la materia y, en concreto, a través de la Directiva 2003/55/CE.
Así, el Ejecutivo autonómico considera que el texto legal supone una "extralimitación del Estado a la hora de dictar las bases en esta materia" pues "establece el régimen al que deben someterse las autorizaciones de construcción y explotación de instalaciones de distribución, de forma taxativa los sujetos a los que forzosamente se les deberá otorgar dichas autorizaciones, lo que impide que la Comunidad de Madrid pueda establecer ni siquiera mínimamente su legislación de desarrollo", defiende la Administración regional.
RÉGIMEN MONOPOLISTA
Respecto al régimen monopolista que la comunidad autónoma advierte en la Ley, en el recurso presentado ante el TC se argumenta que el precepto impugnado "impide sostener la actividad empresarial en libertad en la medida que no permite concurrir en igualdad de condiciones a todas las empresas distribuidoras para obtener autorización de construcción o explotación, en beneficio de aquélla que tuviese ya otorgada la autorización en la zona".
A este respecto, Madrid entiende que, dado que el distribuidor de la zona en Madrid es Gas Natural, "es clara la pretensión del Gobierno Central de consolidar y mantener una situación de monopolio de facto a favor de ésta empresa, restringiendo los derechos a la libre concurrencia y libertad de iniciativa empresarial".
