MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, opinó hoy que, para llevar a cabo el llamado 'blindaje' de la fiscalidad vasca, "hay que reformar también el Estatuto de Autonomía del País Vasco".
A su juicio, no basta con reformar las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal como han pactado en el Congreso de los Diputados el PSOE y el PNV.
El 'blindaje' persigue que las normas fiscales vascas, que son dictadas por las diputaciones forales y no por el Parlamento Vasco, no puedan ser recurridas ante los tribunales de lo contencioso administrativo sino sólo ante el Constitucional.
Rubio Llorente recordó a los presentes en un acto del Foro de la Nueva Sociedad que el artículo 38 del Estatuto de Gernika establece que las decisiones de las diputaciones forales ("órganos ejecutivos y administrativos") serán recurribles ante los tribunales administrativos.
"SEGURAMENTE PLAUSIBLE"
Para Rubio Llorente, el acuerdo político para el llamado 'blindaje' es "muy simple y seguramente plausible", porque los territorios históricos son quienes pueden legislar en materia fiscal, pero avisó de que "plantea una serie de problemas jurídicos muy complejos que no se refieren sólo a la ley orgánica del CGPJ y del Tribunal Constitucional".
Eso sí, dejó claro que no le parece mal la modificación de estas leyes puesto que es fruto de un acuerdo político, y no de otra norma que obligue a cambiarlas.
Mientras tanto, la proposición de ley del Parlamento vasco, tomada en consideración el pasado 13 de octubre, sigue su curso en el Congreso donde se tramita por el procedimiento de urgencia y, conforme acordaron socialistas y nacionalistas, debe estar aprobada antes del 15 de diciembre.
El presidente del Congreso, José Bono, amplió hasta mañana por la tarde el plazo de presentación de enmiendas al articulado de la proposición de ley pero, con independencia de que la Mesa del Congreso acepte el martes una nueva prórroga a instancias de la oposición, el PSOE y el PNV ya tienen encauzado el debate e incluso ya han registrado cuatro enmiendas para modificar la redacción enviada por la Cámara de Vitoria con el fin de simplificar la fórmula jurídica propuesta y garantizar la eficacia de la ley.