Conde-Pumpido defiende la legalidad del PCTV y dice que el PP tampoco votó la condena a la T-4 en el Parlamento vasco

Actualizado: domingo, 11 marzo 2007 12:36

Señaló que no se le ocurre que la Sala del 61 "pueda plantear una ilegalización sin que nadie se la pida".

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, considera que con el tiempo "ha quedado perfectamente demostrado que la posición de la Fiscalía" de no instar la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) en las anteriores elecciones "era correcta", porque "es un partido marginal, que no ha tenido ningún efecto político relevante". Además, recordó que el PP tampoco votó la condena del atentado de la T-4 que se debatió en el Parlamento vasco, "cada uno por sus razones".

En una entrevista concedida a Europa Press, Conde-Pumpido explicó que el PCTV recogió el voto de "aquellas personas que tienen derecho a votar y que pueden elegir el partido que quieran siempre que sea legal", en referencia a la izquierda abertzale.

En su opinión, desde las anteriores elecciones se ha "demostrado que en el PCTV, en principio, no concurren las causas legales de ilegalización y cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el momento anterior y en este momento".

Agregó que "si fuera un simple envoltorio o una vía fraudulenta para que Batasuna pueda actuar, no habría ocurrido que Batasuna o la gente que pertenece a Batasuna intenta actuar siempre a través de otras vías que nunca son el PCTV".

NO PUEDE ACUSAR Y JUZGAR.

En cuanto a una hipotética actuación de oficio por parte de la Sala del 61 del Tribunal Supremo para ilegalizar al PCTV, el fiscal general recordó que la ley de partidos, "que ha sido una norma muy necesaria, muy conveniente y que el TC declaró perfectamente acorde a la Constitución", sólo legitima como actores para instar esta medida a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para evitar abusos.

Además, descartó la posibilidad de que la Sala Especial lo haga, porque significaría que "estaría actuando como acusador y como órgano decisorio". La Sala del 61 está desarrollando su función "de una manera magnífica y respetuosa con la ley, y seguirá así, y resolverá todas las pretensiones que se planteen por los órganos legitimados por la ley. No se me alcanza que puedan plantearse una ilegalización sin que nadie se lo pida", indicó.

EL PP TAMPOCO CONDENÓ EN EL PARLAMENTO VASCO.

Respecto a que el PCTV no apoyó la condena del atentado de la T4 que se sometió a votación en el Parlamento vasco, el fiscal general recordó que tampoco lo hizo el PP. "Cada uno por sus razones, pero ninguno de los dos votó esa condena", agregó para explicar que no se puede instar una ilegalización a partir de esa circunstancia.

Al ser preguntado por si un partido puede ser ilegalizado por no condenar el terrorismo, Conde-Pumpido respondió que para hacerlo se deben dar las condiciones que establece la Ley de Partidos, la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC). De cara a las próximas elecciones, "cada candidatura que se presente se analizará de acuerdo con la jurisprudencia del TC y se verá en su caso si concurren o no en su caso los requisitos para la ilegalización".

"Lo que no puede hacer el Ministerio fiscal es actuar al dictado de la oposición o de un partido político o de determinados medios de comunicación -aseguró-. Las valoraciones tienen que hacerse con rigor y rigurosamente nos encontramos con que el TC nos ha dicho que la condena del terrorismo puede ser un contraindicio cuando hay graves sospechas y pruebas de que un partido actúa a favor de bandas armadas, pero el hecho de que no se formule una condena expresa no es dato suficiente para ilegalizar."

LA ILEGALIZACIÓN DE BATASUNA ES IRREVERSIBLE.

En cuanto a que Batasuna intente concurrir a las próximas elecciones, el fiscal general recordó que es "un partido político ilegalizado y esa ilegalización es absolutamente irreversible". Añadió que "el Ministerio Fiscal hará todo lo que esté en su mano para que, como partido político ilegalizado, no esté presente en las próximas elecciones".

Precisó que "la ilegalización afecta a unos partidos concretos, pero no a unos ciudadanos que forman parte de un sector con unas determinadas opiniones políticas que conservan su derecho de sufragio activo y sufragio pasivo, es decir, pueden votar y pueden presentarse a las elecciones".

Insistió en que "todos los ciudadanos españoles que reúnan las circunstancias que establece la Ley Electoral para poder presentarse", pueden hacerlo, aunque obviamente no pueden concurrir a las elecciones con un partido ilegalizado, o "a través de una fórmula que represente un fraude a la prohibición", ante lo que dijo que la Fiscalía estará atenta para impedirlo.

"Estas candidaturas se analizan de acuerdo con unos criterios que ha establecido el TC, que dice de manera expresa que la prohibición no afecta a las personas, afecta a los partidos o a una agrupación que se pueda considerar fraudulenta. Habrá que analizarlo en cada caso y no podemos anticipar cuál va a ser la posición sobre un tema jurídico que todavía no se ha planteado", explicó.

Conde-Pumpido recordó que lo que "la Ley de Partidos pretende es que todos los ciudadanos, absolutamente todos, tengan derecho al voto y participen en política por vías pacíficas. No se pretende excluir a un sector de la población de la participación política, sino atraer a ese sector a la participación política pacífica", lo que significa que "la ley de partidos ha cumplido su función".

Gracias a ella, un partido político que a lo largo de muchos años había demostrado su proximidad o apoyo a bandas terroristas ha sido excluido de todas las instituciones vascas, nacionales y europeas. "En las anteriores elecciones, llegamos hasta el límite: hemos impugnado la candidatura de Herritarren Zerrenda (HZ) en las elecciones europeas porque considerábamos que era un fraude y también la de Aukera Guztiak, que entendíamos que era un fraude para las elecciones del Parlamento Europeo", recordó.

ACTUACIÓN POR VÍAS PACÍFICAS.

En su opinión, si un partido dice "de una manera suficientemente clara y contundente que su forma de actuar será siempre a través de vías pacíficas y que rechaza cualquier otro tipo de actuación", podrá concurrir a las elecciones, porque está admitido por la Constitución y la ley.

Ante hipotéticas "listas blancas", el fiscal general afirmó que la Fiscalía de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, está ya trabajando al respecto. Siempre que ha habido elecciones, el fiscal ha recibido los correspondientes informes policiales sobre las candidaturas que se presentan y los estudia para determinar si es legal o no.

IZQUIERDA ABERTZALE.

En este sentido, matizó que "la izquierda abertzale no es una organización, es una denominación genérica de un sector político" en el que se incluyen partidos perfectamente legalizados como Aralar. "En principio no se puede pensar que cualquier participación de la izquierda abertzale es ilegal, porque entonces estaríamos ilegalizando, lo que la Constitución y el TC nos impide ilegalizar, que es una opción ideológica, una opción política", insistió.

En el caso de que se presente la marca Izquierda Abertzale a las próximas elecciones o cualquier otra, "si cumple con la Ley de Partidos, será admitida, si no cumple con dicha ley, no será admitida".

Por su parte, el fiscal general, al ser preguntado sobre la última propuesta democrática de Batasuna, respondió que "lo último que haría en la vida" sería "valorar lo que pueda decir un partido político y mucho menos si es ilegal". Añadió que para la Fiscalía son "absolutamente irrelevantes" las pretensiones políticas de Batasuna. "Me interesan sus actos legales e ilegales: éstos últimos los sancionamos y sobre los primeros la Fiscalía no se pronuncia", indicó.