MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, manifestó hoy, en relación con la ilegalizada Batasuna, que actualmente existe una Ley de Partidos "que ilegaliza aquellos partidos que apoyan la violencia", si bien añadió que "indudablemente puede haber una nueva fuerza política que, renunciando a la violencia y expresando claramente que su actividad política no acepta la violencia solicite su legalización; eso puede ocurrir si la violencia ha desaparecido".
En este contexto, podría "volverse a ilegalizar más bien una nueva fuerza política".
En concreto, tras indicar que por el momento no hay que entrar "en ningún tipo de especulación" sobre esta cuestión, ya que "ETA no ha declarado el fin de la violencia y Batasuna tampoco ha expresado de manera contundente su condena de la violencia", Conde-Pumpido señaló: "Lo que existe es una Ley de Partidos que ilegaliza aquellos partidos que apoyan la violencia; indudablemente puede haber una nueva fuerza política que renunciando a la violencia y expresando claramente que su actividad política no acepta la violencia solicite su legalización; eso puede ocurrir si la violencia ha desaparecido.
Puede volverse a ilegalizar más bien una nueva fuerza política".
Asimismo, preguntado por la marcha del "proceso de paz" en el País Vasco, Conde-Pumpido señaló, en declaraciones a la Cadena SER que recoge Europa Press, que tiene una "enorme confianza en la palabra del presidente del Gobierno", José Luis Rodríguez Zapatero, y que en consecuencia aquello que diga le merece "toda la credibilidad".
En este sentido, explicó que "si existe una decisión parlamentaria que establece que mientras no se produzca un anuncio de cese de la violencia no hay ningún tipo de modificación, pues la política de acción pública del fiscal general del Estado es la misma que se ha seguido siempre: la Policía sigue deteniendo terroristas y en la Audiencia Nacional se siguen celebrando juicios de terroristas; esa es la línea que marca el fiscal general".
No obstante, advirtió de que "otra cosa es que se politice desde fuera y se pretenda desde algunos lugares casi dirigir" al fiscal general. "Hay una especie de fiscales generales aficionados que pretenden decirle todas las mañanas lo que tiene que hacer al fiscal general, y que cuando no sigue esas decisiones se enfadan y le insultan, pero como magistrado estoy acostumbrado a resistir las presiones", agregó.
A juicio de Conde-Pumpido, el ámbito de la libertad de expresión "es muy amplio" en España, lo que es "bueno" aunque "a veces molesta que se llegue a faltar al respeto al presidente del Gobierno o a insultar al fiscal general del Estado". "Pero yo siempre he preferido dejar funcionar la libertad de expresión", estimó.
EXCARCELACIÓN DE ETARRAS
Por otro lado, el fiscal general del Estado refirió a la polémica surgida ante la posibilidad de la excarcelación de etarras como Henri Parot o José Ignacio de Juana Chaos, explicó que estos casos se encuadran en la aplicación del Código Penal de 1973, que establece un límite de 30 años que puede ser de 20 años con redenciones de penas.
Así, se estaría produciendo el cumplimiento de las condenas de etarras condenados en los años 80 con veintitantos años de cumplimiento de condena.
No obstante, aseguró que ha dado instrucciones a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo para "mantener el máximo rigor en el cumplimiento de las penas", y añadió que en casos como los de De Juana Chaos o Parot "se han iniciado nuevos procesos por hechos cometidos desde la prisión y por lo tanto no se van a producir esas excarcelaciones". A su juicio, "hay mucho de alarma social provocada que tiene orígenes políticos".
En el caso concreto de Parot, y tras indicar que la Fiscalía del Supremo "funciona autónomamente de acuerdo con criterios profesionales" al pedir la acumulación de penas, Conde-Pumpido avanzó que "posiblemente el pleno del Supremo, que se reúne el lunes, busque alguna fórmla de interpretación que pueda reducir el efecto negativo de las redenciones de condena, pero la Ley no permite que una condena de 30 años se convierta en una de 60".
Asimismo, reveló que la Fiscalía General del Estado está trabajando también "para buscar una interpretación de la redención de penas que limite los abusos que se hayan podido producir". En cualquier caso, estimó que en el caso Parot "se exagera porque el cumplimiento de la condena termina en el año 2020", de forma que "no parece algo inmeidato la puesta en libertad". "Es verdad que por redenciones de condena puede reducirse unos años, pero hay una nueva imputación por la fiscalía que posiblemente lleve más allá la condena", destacó.
Por último, aseguró que la decisión de relevar al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, es "una decisión profesional que no debe politizar en absoluto" y recordó que no es sólo un fiscal el que actúa contra el terrorismo, sino que "hay 1.800 fiscales magníficos que pueden llevar la misma lucha contra el terrorismo".
