MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, pidió hoy que no se politice el juicio por el que el líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, será juzgado hoy en la Audiencia Nacional y considera que el tribunal comete un "error jurídico" al no aceptar la petición de aplazamiento formulada por la fiscalía.
Conde-Pumpido explicó que, si finalmente el juicio se celebra hoy, el Ministerio Fiscal "entrará" a la vista oral y, "a la vista de las pruebas", adoptará la "decisión oportuna" sobre si mantiene la acusación o la retira. "El Ministerio Fiscal iniciará el juicio y en función del resultado adoptará la decisión que estime procedente", reiteró en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.
En este sentido, argumentó que el tribunal es "un tercero imparcial" que resuelve entre la acusación y la defensa dando la razón a uno de ellos o adoptando una posición intermedia, "pero cuando la defensa presenta pruebas de que uno de los acusados ha sido absuelto ya y el Ministerio Fiscal apoya la necesidad de que se resuelva esa cuestión, parece lógico que el tribunal no vaya más allá y atienda ese criterio uniforme", defendió.
Sin embargo, recordó que estos trámites son cuestiones "estrictamente jurídicas" y reclamó que "no se politicen" ni se presenten "en relación con otras cuestiones diferentes". "Creemos que el tribunal comete un error jurídico al estimar que una persona ya absuelta debe continuar como acusada, pero en cualquier caso queremos juzgar a Otegi, por lo que si el tribunal decide iniciar el juicio se juzgará", añadió.
Además, descartó considerar ninguna hipótesis sobre el futuro del líder abertzale en caso de ser condenado en esta causa, aunque sí señaló que del juicio de hoy no depende su ingreso en prisión por estar pendiente de revisión por el Tribunal Supremo otra condena de la Audiencia Nacional.
ILEGALIZACIÓN IRREVERSIBLE DE BATASUNA
Respecto a la intención de Batasuna de concurrir a las próximas elecciones municipales, Conde-Pumpido aseguró que la fiscalía está "absolutamente preparada" para garantizar el cumplimiento de la ley y recordó que su ilegalización es "irreversible" por tratarse de una condena firme. "No tiene ninguna posibilidad de volver a la legalidad como Batasuna porque la ley no lo prevé", subrayó.
El fiscal general del Estado reconoció que este tema es "cada vez un poco más difícil" pero garantizó que, "sea cual sea el procedimiento que utilice" la ilegalizada formación, el Ministerio Fiscal "estará al estricto cumplimiento de la ley de partidos". "Si respetan la ley de partidos podrán presentarse --continuó--. Pero si si buscan un procedimiento que incumpla la ley de partidos actuaremos en consecuencia".
Sin embargo, quiso destacar que lo ilegalizado "son unos partidos concretos pero no un sector de la población que tiene una determinada forma de pensar", ya que la Ley de Partidos no persigue "ilegalizar a ciudadanos" sino "atraerlos a la participación de forma pacífica". A su juicio, lo necesario es "buscar un cauce político" para que ese sector de la población tenga "una forma de participar pacíficamente en democracia".
Sobre la posibilidad de que se presenten como agrupaciones de electores, afirmó que la ley también prevé la posibilidad de impugnarlas "si se entiende que son un método fraudulento de continuidad" del partido ilegalizado, por lo que, aunque hay "muy poquito tiempo", la fiscalía está "preparada para actuar". Conde-Pumpido recordó también que el Tribunal Constitucional dictó que "no se puede exigir ningún tipo de condena" de la violencia aunque sí garantías de rechazo.
IRAK: NO ESTÁ EN LA AGENDA DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL
Preguntado además por las manifestaciones que piden que los integrantes de la foto de las Azores --George Bush, José María Aznar y Tony Blair-- sean juzgados por la guerra de Irak, explicó que mantuvo una reunión hace poco con el fiscal penal internacional y "en este momento no está en su agenda intervenir en ese asunto".
Además, recordó que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado también sobre la visita de policías españoles a la prisión de Guantánamo y no halló indicios de criminalidad para proceder judicialmente y también determinó que cualquier prueba allí obtenida no tiene ningún valor en el ordenamiento jurídico español.
Por último, defendió que los españoles deben estar "orgullosos" del desarrollo del juicio por los atentados del 11 de marzo, "algo que no se ha conseguido en otros países", y celebró que "las piezas del puzzle van encajando poco a poco" y "tendremos un resultado que al final tranquilizará a todos".
