Condenadas seis personas a 31 años de cárcel por llevar droga de Bolivia a Barcelona oculta en tablas de madera

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de tres a 14 años de prisión y multas de entre 300.000 y dos millones de euros a seis personas que introducían y distribuían cocaína en Cataluña, escondiéndola en tablones de madera boliviana, que llegaron al Puerto de Barcelona en un buque que zarpó de Chile.

La Sección Séptima entiende que la cabecilla era María L.B., una vecina de Badalona (Barcelona) de 51 años de origen gallego, y la ha condenado a 14 años de prisión y a una multa de 5,3 millones de euros por un delito contra la salud pública, aunque la ha absuelto de blanqueo de capitales. Como al resto de procesados, el tribunal le ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas.

María Estívaliz L.R., la administrativa de la empresa que importó la madera y nuera del propietario --también acusado pero fallecido recientemente--, ha sido condenada a seis años y nueve meses de prisión y a una multa de 2,4 millones de euros. Sus dos hijas, Eva C.L. y Maria José C. L., y el marido de una de ellas, Eduardo F.O., han sido condenados a tres años y tres meses de cárcel y a pagar una multa de dos millones de euros cada uno por blanqueo de capitales.

El último procesado, José Juan P.M., ha sido condenado por un delito imprudente de blanqueo de capitales a seis meses de prisión y a una multa de 300.000 euros, pues suscribió un contrato de arras por 300.000 del millón de euros que supuestamente costaba el bar de Badalona (Barcelona) de Eva C.L., Maria José C.L. y Eduardo F.O. La venta no se efectuó y devolvió el dinero en varios cheques.

Según la sentencia, María L.B., con antecedentes por contrabando y atentado contra la autoridad, se dedicaba al menos desde 1998 al tráfico de drogas. En la mayoría de casos, utilizaba 'mulas' mexicanas que se tragaban bolas de cocaína para no ser interceptadas a su llegada al Aeropuerto de El Prat de Llobregat (Barcelona).

Sin embargo, en 2003 decidió llevar a cabo una "operación de mayor envergadura", que acabó con su detención y la de seis personas más; otras cuatro no han sido identificadas o localizadas. El plan consistía en esconder cocaína en los tablones que iba a importar Pedro M.R. --fallecido recientemente--, dueño de una empresa de Rubí (Barcelona) dedicada a importar madera de Santa Cruz de Bolivia para fabricar mobiliario urbano.

OPERACIÓN 'GALICIA'

María L.B. y Walter O. decidieron realizar un primer envío sin droga en marzo de 2004 para comprobar "la viabilidad del plan acordado", y Pedro M.R. viajó a Bolivia para preparar la madera, aunque la acusada "seguía de cerca toda la operación", al igual que la Policía, que no interceptó el contenedor porque sabía que estaba vacío.

El 31 de julio de ese mismo año, llegó al Puerto de Barcelona un buque que zarpó de Arica (Chile) con dos contenedores para la empresa del fallecido, ubicada en el Polígono Industrial 'Cova Solera' de la localidad barcelonesa de Rubí. Camuflados en el interior de tablones de madera de "tajibo", había algo más de 67 kilos de cocaína de una pureza que oscilaba entre el 84 y el 86 por ciento y que pudo tener un valor de dos millones de euros en el mercado negro.

Los agentes, después de más de un año de investigación, detuvieron a siete personas --seis españolas y una mexicana-- en el marco de la operación 'Galicia', dada la vinculación de María L.B. con narcotraficantes gallegos. Paralelamente, comenzó una investigación patrimonial llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Dinero, para recabar pruebas sobre el supuesto blanqueo de capitales mediante la adquisición de bienes inmuebles.

Además, en los domicilios de los detenidos se encontraron más de 1.400.000 euros en efectivo, documentación relacionada con el blanqueo de dinero y la importación de los contenedores, una pistola, un revólver de fogueo y más de 35 kilos en joyas; algunas de ellas eran robadas, igual que varios de los abrigos de visón y otras pieles que se decomisaron.

María L.B. "carece de medios de vida", pues sólo percibe una pensión de 300 euros, pero acumuló "una importante fortuna" gracias al tráfico de estupefacientes que invirtió en inversiones bancarias, pero sobre todo en la adquisición de inmuebles.

La principal imputada solicitaba créditos abiertos para comprar los inmuebles, que saldaba en poco tiempo mediante ingresos en efectivo. Las distintas viviendas, aparcamientos y locales eran escriturados a nombre de Eva C.L., Maria José C.L. y Eduardo F.O.