BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la condena de 18 años de prisión para el hombre que asesinó a puñaladas a su compañera sentimental en el domicilio que compartían en Calders (Barcelona) y simuló después que la mujer había sido víctima de un asalto en la vivienda. También deberá pagar a los familiares de la víctima 250.000 euros.
El condenado, Josep M.S., alegó que durante el juicio se vulneró su derecho a la presunción de inocencia al entender que el tribunal popular que el 25 de octubre de 2007 emitió un veredicto de culpabilidad en base a indicios "demasiado abiertos", que daban pie a varias interpretaciones, y "demasiado débiles" para considerarlo culpable.
La mañana del 1 de marzo de 2006, Josep M.S., de 44 años, había salido de su casa a la misma hora de siempre para llevar al colegio a su hijo y al de María Elena B.A. --nacidos de matrimonios anteriores-- y supuestamente para hacer gestiones laborales, regresó al domicilio que compartía con la víctima en la urbanización La Guàrdia de Calders y le clavó "reiteradamente" un cuchillo de 11 centímetros de hoja, causándole hasta 23 heridas.
Según declaró probado el veredicto, el procesado asesinó con alevosía a su pareja, de 32 años, ya que empezó a apuñalarla aprovechando que estaba durmiendo en la cama, "desprevenida". Josep M.S. acuchilló a Maria Elena B.A. "al menos cuatro veces en el cuello" y, después, le asestó una puñalada mortal en el corazón "para asegurar el resultado mortal".
Frente a la evidencia del vídeo registrado por las cámaras de seguridad de una entidad bancaria, el abogado del acusado reconoció que su cliente estaba en la localidad de Artés, cerca de Calders, pero que no tuvo tiempo material para cometer el crimen porque realizó varias gestiones laborales en Correos, en el banco, en un polígono industrial de Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y en la agencia de viajes que regentaba junto a su mujer.
Según su versión, estuvo haciendo tiempo hasta las 10.30 horas, cuando había quedado en llamar por teléfono a la víctima para despertarla, como hacía cada mañana. El acusado la llamó "cuatro o cinco" veces y, alarmado porque la víctima no respondía, decidió acudir a su casa, vigilada por un perro de raza Rottweiler.
Para la Sala Civil y Penal del TSJC se trata de una "coartada injustificada" que resultó falsa y ha considerado que sí tuvo tiempo, porque "cuando se ha urdido un plan en sus más leves detalles", cuesta mucho menos ejecutarlo que cuando se realiza de forma improvisada.
A pesar de que ni la puerta ni las ventanas estaban forzadas, el procesado aseguró que el asesino pudo ser una tercera persona, como el hombre que había pintado la casa y tenía las llaves, aunque se demostró que no estaba en la zona el día del crimen. El tribunal considera inverosímil que la mujer atara al perro antes de abrir la puerta a un desconocido que, según la hipótesis del acusado, la mató en la cama y no en la entrada del domicilio.
María Elena B.A. trabajó como prostituta hasta 1998, cuando conoció a Josep M.S. en un club de alterne, pero tuvo que hacer algún 'striptease' y prostituirse ocasionalmente a causa de las dificultades económicas. De ahí, que defensa asegurara que el presunto ladrón pudo llevarse algún documento comprometedor en lugar de un objetos de valor.
Durante el juicio, los investigadores sostuvieron que Josep M.S. simuló el robo tras el crimen y basan su hipótesis de simulación de delito en el hecho de que los cajones habían sido extraídos y tirados al suelo pero sin haber sido revueltos.
La defensa también recordó que, si bien no se hallaron huellas dactilares de nadie más, sí se encontró un vello en el cuello de la víctima que pertenecía a una tercera persona que no llegó a ser identificada. Los investigadores creen que el autor del crimen lo colocó, como también hizo con algunos pelos del perro, para desviar la atención.
Asimismo, en el escrito de apelación, se descarta la participación de Josep M.S. en el crimen porque se encontraron varias huellas imprimadas en la sangre de la víctima, en dirección a la puerta de la vivienda, que correspondían a unos zapatillas deportivas del número 40, mientras que el acusado calza un 42.
La defensa, señala la sentencia, obvió la información aportada por uno de los informes periciales, en el que se afirmaba que las huellas correspondían a unas zapatillas de la víctima. Los investigadores creen que el acusado se las puso para desviar aún más la atención.
El acusado también alegó la buena relación que mantenía con su mujer y destacó que de su muerte no obtuvo ningún beneficio económico, pese a que algunas amigas de María Elena B.A. declararon durante el juicio que la pareja tenía problemas y que ella estaba angustiada por la situación económica.
