MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha condenado a 296 años de cárcel a los etarras Itziar Alberdi Uranga y Juan José Narváez Goñi como autores del envío de un paquete bomba desde una empresa de mensajería de Toledo a su central en Madrid que el 12 de junio de 1991 provocó la muerte de dos agentes de los Tedax que intentaban desactivarlo.
El tribunal considera probado que los dos etarras cometieron el atentado, en el que resultaron heridas otras diez personas, junto al también terrorista José Luis Urrusolo Sistiaga. Los tres, "en cumplimiento de los objetivos" de ETA, decidieron preparar un paquete con una bomba y enviárselo al presidente de la empresa Construcciones Atocha, que estaba participando en el proyecto de la autovía de Leizarán.
Alberdi Uranga, absuelta en dos ocasiones por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y Narváez Goñi, condenado a 60 años de cárcel por el asesinato de dos policías en Barcelona, permanecieron durante 22 años fugados de la Justicia hasta que fueron descubiertos en febrero de 2014 en la localidad mexicana de Puerto Vallarta, donde vivían con sus dos hijos y trabajaban, respectivamente, como masajista y profesora de yoga.
LISTADO DE EMPRESAS
La resolución judicial, dictada por los magistrados Manuela Fernández de Prado, Nicolás Poveda y Fermín Echarri, señala que Alberdi Uranga "obtuvo la información de varias empresas de transportes de Toledo que podían utilizar" los terroristas. A esos efectos, tomó nota de sus direcciones, teléfonos, horarios y plazos para la entrega de un paquete dirigido a Madrid.
Los etarras escogieron la empresa de mensajería Servitrans, situada en el paseo de la Rosa de Toledo, y prepararon un paquete cargado con tres kilos de amonal provisto de un artefacto dispuesto para estallar en el caso de que fuera localizado por los artificieros y lo intentasen desactivar. Lo envolvieron en un papel de estraza que contenía una frase escrita por Narváez Goñi: "Recgeran Miguel Moreno Martínez (Madrid)".
El 11 de junio de 1991, cuando Alberdi Uranga ya se encontraba en Valencia para alquilar un piso para ETA, otros de los miembros del 'comando' se trasladó a Toledo con el paquete y lo depositó en la empresa Servitrans pidiendo que lo entregasen al día siguiente en la sede de Construcciones Atocha en Madrid, situada en la calle Ortega y Gasset.
El paquete no pudo ser entregado porque la compañía había cambiado de sede, por lo que fue devuelto a las oficinas de la empresa de mensajería en la calle Santo Toribio. Al comprobarse que el remitente era ficticio, los trabajadores llamaron a la policía, que procedió a acordonar la zona y trasladar a sus efectivos en la desactivación de explosivos.
Los agentes Andrés Muñoz Pérez y Valentín Martín Sánchez se hicieron cargo del paquete y lo llevaron a la furgoneta policial que habían aparcado frente a la empresa. En el momento en que se disponían a examinar el artefacto, éste hizo explosión causando la muerte de los dos artificieros.
LETRA DE LA ACUSADA
El tribunal esgrime como principal prueba contra Alberdi Uranga la autoría de una hoja manuscrita en la que se recoge una relación de empresas de mensajería y que está encabezada por Servitrans. La letra, según los informes periciales que obran en la causa, es la misma que la que aparece en el contrato de alquiler del piso de Valencia que utilizó el 'comando' que asesinó en marzo de 1992 en Valencia al catedrático Manuel Broseta.
La defensa de la etarra alegó que su representada fue absuelta el pasado 13 de noviembre en un procedimiento similar que se siguió por el asesinato en 1991 de tres policías que participaban en la desactivación de un paquete-bomba en Villaverde que estaba dirigido al Ministerio de Justicia. El Supremo anuló por falta de pruebas la condena de 119 años de cárcel que había impuesto la Audiencia Nacional.
Sin embargo, el tribunal adelanta que, "aunque se trata de un atentado análogo", las pruebas que se han practicado en este juicio "no son las mismas que se aportaron en aquel procedimiento, donde no se pudo relacionar a los tres miembros del 'comando'.
Tras apuntar que en aquel caso existían unas anotaciones de la acusada con la compañía de transportes de Valladolid que se utilizó en el atentado aunque con Sevilla como destino, la sentencia señala que el listado de empresas incautado en este caso recoge "mayores precisiones".
Narváez Goñi, por su parte, sería el autor del texto que formaba parte del paquete y habría preparado su embalaje, según el tribunal, que no puede determinar si fue él o Urrusolo Sistiaga quien entregó el paquete bomba en Toledo.
