MÁLAGA, 16 May. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a un año y seis meses de prisión al director gerente y consejero delegado de una promotora por apropiarse de parte del dinero dado por 58 compradores de pisos que no se llegaron a terminar de construir. Además, deberá indemnizar a los afectados que no tenían garantizadas las entregas a cuenta, en la cantidad que se determine en la ejecución de la sentencia.
La resolución dictada por la Sección Tercera, a la que tuvo acceso Europa Press, considera probado que el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) concedió licencia para 150 viviendas solicitada por la empresa del procesado, aunque la condicionó al pago del importe de ésta, que no se realizó por problemas de liquidez. No obstante, se concedió licencia de obra menor para limpieza y desbroces.
A partir de 1990, el procesado, que mostró su conformidad con los hechos de los que se le acusaba, inició la venta de las viviendas sobre plano y hasta mayo de 1991 se vendieron por lo menos 58 pisos, cuyos compradores fueron entregando diversas cantidades en efectivo o en letras de cambio. Las obras fueron paralizadas en diciembre de dicho año por no tener la licencia correspondiente.
La Sala estima probado que el procesado no destinó todas las cantidades anticipadas a la edificación de las viviendas sino que parte "lo dedicó a usos propios y distintos, no ingresándolo en su integridad en la cuenta corriente abierta". Además, no formalizó las pólizas individuales para garantizar la devolución de las cantidades de 12 compradores.
Asimismo, el Tribunal determina que 32 compradores sí tenían asegurado el reintegro de las cantidades anticipadas, aunque la aseguradora "se ha negado a hacer frente a sus responsabilidades" pese a que ha sido reclamado por los afectados. Según la sentencia, fueron entregados por los compradores unos 103.000 euros en efectivo, así como 408.000 en letras de cambio pagadas a su vencimiento.
Además, se apunta que otros 103.000 euros estaban representados en letras de cambio impagadas en poder de la empresa, 313.765 en letras de cambio impagadas en poder de bancos y 25.000 euros en letras en poder de la promotora aún sin negociar. Se le condena por un delito continuado de apropiación indebida a la pena de prisión y a multa de 1.080 euros.
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