MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados aprobará este martes 22 de julio la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual. Se trata de una reforma "urgente" que quiere acometer el Gobierno para adecuar la legislación española a dos directivas europeas pendientes de 2011 y 2012 y que, entre otros puntos, aprovecha también para introducir la conocida como 'Tasa Google'.
El Gobierno quiere acelerar la tramitación de esta reforma y por eso pidió a finales de junio a la Cámara Baja que habilitase el mes de julio, periodo no hábil parlamentariamente, para poder aprobar la normativa en mitad de verano y ser enviada directamente al Senado, para ya zanjarse la tramitación tras el verano, al contar con competencia legislativa plena.
Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al ministerio que dirige José Ignacio Wert, esta reforma parcial se 'jugará' en dos tiempos, por lo que no sólo habrá cambios en la ley que ha presentado el Gobierno en el Congreso, sino que también los habrá en el Senado, donde también podrían modificarse bastantes aspectos.
UNA REFORMA PARCIAL
Aún así, el Gobierno realizará una reforma de "más amplio calado" previsiblemente el año que viene, tras la aprobación de una directiva comunitaria sobre la materia, según adelantó en sede parlamentaria el responsable ministerial del ramo, José Ignacio Wert.
Esta reforma parcial conlleva también la puesta en marcha de la llamada 'tasa Google', una compensación a los editores por el uso de sus contenidos en agregadores de noticias, que genera discrepancias entre el sector editorial.
Mientas la Asociación Española de Editores de Diarios (AEDE) defiende la existencia de esta compensación, la Coalición por Internet, que preside el director de '20 Minutos', Arsenio Escolar, considera que su imposición generará périddas millonarios a los internautas españoles.
En cuanto a los grupos parlamentarios, PSOE y CiU proponen que esta tasa se extienda a periodistas y fotógrafos, mientras que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD piden su supresión, según se desprende de las 162 enmiendas parciales que los grupos han presentado en el Congreso al proyecto de ley del Gobierno, y a las que ha tenido acceso Europa Press.
"Semejante pago podría terminar repercutiendo en plataformas de participación comunitaria en Internet como Twitter, Facebook o Menéame, donde se difunden y comparten titulares de prensa con el enlace correspondiente y supondría una alteración de la cultura P2P, que es fundamental en la sociedad del conocimiento", alertaron desde la Izquierda Plural, por ejemplo.
INICIO DEL TRÁMITE PARLAMENTARIO
La normativa fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 14 de febrero, y su debate de totalidad tuvo lugar en el Congreso en abril. En aquel momento, PP, UPN y Foro de Asturias tumbaron las seis peticiones de la oposición (PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, ERC, BNG y Amaiur) por retirar y devolver al Gobierno la ley. CiU y el PNV se abstuvieron en la votación.
En aquel debate Wert explicó a su vez que con esta ley se va a "mejorar" la protección de los derechos de la propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital, se va a dar una nueva regulación del concepto de copia privada.
Además, el ministro resaltó que se refuerzan los instrumentos para luchar contra la piratería, ya que la norma establece que vulneran la ley no sólo quienes alojan contenidos ilícitos sino todos aquellos que de forma sistemática, con propósito comercial y a sabiendas, facilitan el acceso ordenado, clasificado e indexado de contenidos ilegales para su utilización por terceros.
Las sanciones por incumplir la ley irán de los 30.000 a los 300.000 euros. Además, se podrá actuar sobre los anunciantes y plataformas de pago electrónico que sean mediadores de actividades ilícitas y bloquear técnicamente las páginas.
Otro de los puntos más criticados durante la tramitación parlamentaria de la normativa ha sido la ausencia de comparecencias en el Congreso de expertos en la materia, al mismo tiempo que los grupos parlamentarios han criticado que esta normativa no ha sido elaborada con el consenso del sector.
