MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar esta semana la propuesta pactada por el PSOE y las minorías para reorganizar las comisiones parlamentarias y adaptarlas al nuevo esquema del Gobierno surgido de la remodelación ministerial del pasado mes de abril. El PP, que se opone a que los temas relativos a la función pública, que ahora dependen del Ministerio de la Presidencia, pasen a debatirse en la Comisión Constitucional, no ha firmado el texto y tiene previsto enmendarlo.
Tras la remodelación del Gobierno acometida por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado mes de abril, PSOE y PP abrieron contactos para acordar la reorganización de las comisiones parlamentarias, pero no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Los dos partidos retomaron las conversaciones después del verano, pero ninguno se movió de sus planteamientos y finalmente el PSOE optó por buscar apoyos entre las minorías para sacar adelante su propuesta.
Hace tres semanas, los socialistas comunicaron a los 'populares' su intención de acometer ya la reforma, con o sin su apoyo. De hecho, el PSOE ya ha registrado su iniciativa para retocar el Reglamento con el apoyo de CiU, el grupo que comparten ERC, IU e ICV y el Grupo Mixto.
Dado que, de mantenerse el desacuerdo, se rompería la tradición de que este tipo de asuntos se resuelvan siempre por consenso, hace dos semanas la Mesa del Congreso decidió al presidente de la Cámara, José Bono, que intercediera para intentar sumar al PP. Sin embargo, el primer partido de la oposición no ha dado su brazo a torcer y, además de no plasmar su firma en el acuerdo, tiene previsto presentar una enmienda.
EL ESCOLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
El principal escollo reside en dar una ubicación parlamentaria al nuevo Ministerio de Política Territorial que Manuel Chaves compatibiliza con la Vicepresidencia Tercera. PSOE y PP están de acuerdo en que los asuntos vinculados a este departamento se traten en la actual comisión de Administraciones Públicas, que sufrirá un cambio de nombre para adaptarse a la nueva denominación del ministerio (Comisión de Política Territorial).
La discrepancia se debe a que el PSOE, de acuerdo con la decisión de Zapatero de sacar de este departamento el área de la Función Pública y remitirla a la Vicepresidencia Primera, quiere que los temas relacionados con los funcionarios pasen a debatirse en la Comisión Constitucional, que tradicionalmente acoge las comparecencias de la 'número dos' del Gobierno y ministra de la Presidencia, Maria Teresa Fernández de la Vega.
Sin embargo, el PP no considera pertinente reservar para asuntos funcionariales la Comisión Constitucional, puesto que su agenda ya está suficientemente cargada ya que en ella se tramitan, por ejemplo las reformas estatutarias o la Ley Electoral. Desde su punto de vista, estos temas deberían analizarse en la futura Comisión de Política Territorial, aunque sea De la Vega quien allí comparezca.
Además, los 'populares' querían dejar amarrado que las eventuales reformas de Estatutos de Autonomía --en este momento sigue pendiente la de Castilla-La Mancha y pronto llegará la de Extremadura-- sigan tramitándose en la Comisión Constitucional y no se las desvíe hacia la de Política Territorial.
EL PP ANUNCIA ENMIENDAS
Así las cosas, fuentes del Grupo Popular ya avanzaron que enmendarán la propuesta de reforma auspiciada por el PSOE para dejar claro, durante el debate que tendrá lugar en el Pleno del Congreso, su oposición a que los temas funcionariales se traten en la Comisión Constitucional.
Al final, la proposición de ley será sometida esta semana a dos debates: el martes se verá si se admite o no a trámite y, como superará ese test, el jueves volverá a discutirse para decidir si se modifica o no el texto auspiciado por el PP y se procederá a la aprobación definitiva.
Para el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, el PP ha venido mostrando un "empecinamiento" en "no reconocer" el nombramiento de Manuel Chaves como vicepresidente y ministro de Cooperación Territorial, cuando recordó que es potestad del jefe del Ejecutivo. A su juicio, el Congreso ha vivido una "situación absurda" que ha retrasado seis meses su adaptación a lo que era una realidad en la calle.
La propuesta de remodelación, además de los cambios que afectan a las ya citadas comisiones Constitucional y de Cooperación Territorial, dará lugar a una macrocomisión de Políticas Sociales, Sanidad y Consumo, que seguirá presidiendo precisamente Llamazares, quien se queja también de que el control parlamentario de la Política Social del Ejecutivo había estado congelado estos meses al haber quedado en ese 'limbo' reglamentario.
La Comisión de Educación recuperará los temas relacionados con las Universidades que antes de la remodelación gubernamental dependían del Ministerio de Ciencia y seguirá haciéndose cargo de Deportes, aunque desde el pasado mes de abril esta materia está adscrita a Presidencia del Gobierno. En estos puntos sí está de acuerdo el PP.