El Congreso aprueba el proceso para que Parlamento y Cámaras autonómicas participen en la elaboración de leyes europeas

El Congreso de los Diputados aprobó hoy por unanimidad el proceso que regulará la participación del Parlamento y las Cámaras autonómicas en la elaboración de leyes europeas al comienzo de su procedimiento, en aplicación de las nuevas competencias que les otorga el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el pasado martes.

El Pleno dio hoy luz verde a la proposición de ley que regulará el modo en que las Cortes y los Parlamentos autonómicos ejercerán el llamado sistema de alerta temprana que prevé dicho Tratado, por el que los parlamentos nacionales podrán cuestionar una decisión de la Comisión Europea si consideran que ha invadido sus competencias.

La proposición de ley, suscrita por todos los grupos parlamentarios, salvo el que comparten ERC, IU e ICV, reformará la ley que regula la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la UE, que será el órgano a través del cual se ejercerá este control del principio de subsidiariedad.

ERC APOYA LA INICIATIVA PESE A SUS REPAROS

Los reparos que ha venido poniendo el grupo de ERC, IU e ICV a la propuesta --pedían mayores poderes para las Cámaras autonómicas-- no ha sido, sin embargo, un obstáculo para que hoy votase a favor de la iniciativa.

El Tratado de Lisboa refuerza el papel de los parlamentos nacionales en la elaboración de la legislación comunitaria, aunque no tendrán poder para sacar la 'tarjeta roja' a una propuesta de la Comisión, sino sólo una 'tarjeta naranja' en el plazo de ocho semanas desde que la iniciativa se remita a las instituciones legislativas de la UE.

Es decir, no podrán vetar, pero si el Ejecutivo comunitario quiere seguir adelante con una iniciativa legislativa que sea rechazada por una mayoría de los parlamentos nacionales, deberá justificarlo mediante un dictamen motivado que tendrá que enviar al Parlamento Europeo y al Consejo, que en última instancia podrán tumbar la propuesta.

NUEVAS LABORES PARA LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UE

Según la proposición de ley aprobada hoy, con el Tratado de Lisboa en vigor, la Comisión Mixta para la UE tendrá entre sus nuevas competencias la de "recibir de la Comisión Europea y de otras instituciones de la Unión las propuestas de actos legislativos y otros documentos para su información, examen y seguimiento". El Gobierno, además, deberá remitir a las Cámaras "un sucinto informe" sobre el contenido sustancial de aquellas propuestas legislativas que tengan repercusión en España.

Además, la Comisión podrá emitir en nombre de las Cortes un dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad, así como solicitar al Gobierno que interponga un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la UE por infracción de dicho principio en el plazo máximo de seis semanas desde la publicación oficial de un acto legislativo europeo.

En este último caso, el Gobierno podrá descartar, de forma motivada, la interposición del recurso de anulación solicitado por alguna de las Cámaras o por la Comisión Mixta para la UE. No obstante, deberá justificar esa decisión con la comparecencia de algún miembro del Gobierno ante la mencionada Comisión, si ésta así lo solicita.

La proposición también contempla la obligación para el Congreso de los Diputados y el Senado de "tan pronto reciban una iniciativa legislativa de la UE" remitirla a los parlamentos de las Comunidades Autónomas sin prejuzgar si hay competencias autonómicas afectadas. Las Cámaras autonómicas dispondrán de un plazo de cuatro semanas para remitir sus consideraciones a la Comisión Mixta, a la que corresponderá la decisión de presentar o no un dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad.