El PSOE e Izquierda Plural votan en contra esgrimiendo los casos Gürtel y Bárcenas
MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados, con los votos del PP y los nacionalistas, ha dado este jueves luz verde definitiva a las dos principales leyes que impulsó el Gobierno en su plan de medidas contra la corrupción: la nueva ley que regula la actividad económica de los partidos --que modifica la Ley de Partidos, la de financiación y la del Tribunal de Cuentas--, y el Estatuto del Alto Cargo.
Estas dos leyes, junto con la reforma del Código Penal, ya fueron debatidas en el Senado, donde se han introducido una serie de enmiendas puntuales, y tras la aprobación por el Congreso se enviarán al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor.
En concreto, el Senado introdujo una enmienda para obligar al Tribunal de Cuentas a que, antes de unos comicios de cuya fiscalización vaya a ser competente, comunique el límite de gasto electoral que va a tener cada partido en esa campaña.
Hasta ahora el Gobierno publica antes de las elecciones un decreto en el que fija la subvención por escaño y voto y actualiza la cifra del tope de gasto electoral en función de una serie de variables y después el fiscalizador analiza si los partidos han superado o no ese tope.
Además, la Cámara Alta abrió la puerta a que las formaciones que en su momento vieron denegadas peticiones para que se les devolvieran derechos o bienes que les habían sido incautados por el bando franquista durante la Guerra Civil puedan solicitar ahora la revisión de aquellas decisiones en determinados casos.
ACUERDO ENTRE PP Y NACIONALISTAS
La ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos impone a las organizaciones políticas y sus fundaciones nuevos controles de su financiación y más requisitos de transparencia y de democracia interna. Entre otras cosas, prohíbe condonar deuda a los partidos, veta donativos de personas jurídicas (empresas) y obliga a publicar todas las aportaciones económicas de más de 25.000 euros que reciba un partido.
La ley añadió un recorte del 20% de la subvención que se otorga por los envíos gratuitos de propaganda electoral ('mailing'), que se añade a la rebaja del 40 por ciento de la financiación ordinaria de los partidos que el Gobierno ha ido aplicando en los últimos años a través de los Presupuestos Generales (PGE).
Además, a partir de ahora, las subvenciones anuales del Estado se van a vincular al presupuesto consolidado sin intereses de cada ejercicio lo que, según el PP, implica que "irán de la mano del gasto social" de modo que, si hay recortes en estas partidas, también se verán reducidos.
Junto a la austeridad, se confirma la imposición de mayores exigencias de control y de transparencia de las fundaciones políticas. Si ya se las obliga a informar al Tribunal de Cuentas de las donaciones que reciben, se pretende ahora que todos sus ingresos sean examinados por el Tribunal de Cuentas (incluyendo los convenios con entes públicos) y que la institución fiscalice también los gastos derivados de subvenciones públicas; además, las fundaciones deberán someterse a una auditoría externa cada año cuyos resultados habrán de ser publicados en su web.
Asimismo, se definen las sanciones por financiación ilegal para aumentarlas y para dificultar la prescripción en función de la gravedad de la falta que se imputa (dos años para casos leves, tres para graves y cinco para muy graves).
Por su parte, la ley que regula el ejercicio del alto cargo en la Administración fija los requisitos de idoneidad para ocupar esos puestos, las declaraciones de bienes y certificados tributarios que deben presentar, las incompatibilidades, el régimen sancionador que les afecta y los informes que la Oficina de Conflictos de Intereses debe aportar al Parlamento.
El PP acordó además con CiU y PNV dejar claro que la aplicación de todas estas medidas en el ámbito autonómico dependerá de lo que decidan los gobiernos de las comunidades, lo que facilitó el apoyo de las formaciones nacionalistas.
INTRANSIGENCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN
En este último debate parlamentario en el Congreso, el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha dicho que estas dos leyes son "el más importante paquete legislativo contra la corrupción" y permiten "abrir una etapa de intransigencia contra comportamientos corruptos irregulares" y evitar que se repitan episodios del pasado.
"Nuestra responsabilidad era dar una respuesta contundente y hemos estado a la altura --ha proclamado--. Nuestra voluntad es que la corrupción desaparezca de la lista de prioridades del gobierno porque hayamos conseguido que desaparezca de la lista de preocupaciones de los ciudadanos".
Sin embargo, el ponente de Izquierda Plural, Joan Josep Nuet, ha asegurado que las dos leyes sobre partidos y altos cargos sólo suponen "maquillaje contra la corrupción" porque no resuelven muchos de los problemas, pues entienden que "las fundaciones seguirán siendo el coladero" y que se van a "consolidar las puertas giratorias". "Mucho maquillaje pero no damos un paso al frente --ha resumido--. La propaganda del PP lo venderá, pero la realidad por desgracia es otra".
Tampoco ha dado su aval el PSOE, cuyo secretario de Política Federal, Antonio Pradas, ha querido dejar claro que el PP "ha perdido una oportunidad" de lanzar un mensaje claro contra la corrupción pues ha optado por "enrocarse" limitándose a "una faena de aliño".
Tanto el PSOE como Izquierda Plural han esgrimido los casos de Gürtel y Bárcenas para justificar su voto en contra de las leyes. "Es muy difícil hablar de regeneración cuando el PP está acusado de ser partícipe a título lucrativo de un delito de financiación ilegal --ha dicho Pradas--. Así es imposible llegar a acuerdos".
