Actualizado 08/09/2009 19:57 CET

El Congreso da de plazo a Merino hasta el día 18 para hacer alegaciones por escrito a su suplicatorio

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión del Estatuto del Diputado acordó este martes dar de plazo hasta el próximo día 18 de septiembre al diputado del PP Jesús Merino para presentar alegaciones por escrito a la solicitud de suplicatorio que ha cursado el Tribunal Supremo para investigar su implicación en el 'caso Gürtel', sobre una presunta red de corrupción en el entorno del PP, se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias.

Los miembros de la Comisión del Estatuto del Diputado se reunieron esta mañana para empezar la tramitación de la petición del Alto Tribunal, que fue calificada por la Mesa del Congreso el pasado martes.

En su encuentro, la comisión dio por recibido el suplicatorio y abrió un plazo de alegaciones. El Reglamento del Congreso establece que la Comisión del Estatuto del Diputado deberá emitir dictamen sobre el suplicatorio en un plazo máximo de 30 días hábiles desde que lo reciba, pero no fija un periodo concreto para las alegaciones.

En consonancia con lo que se hizo con suplicatorios anteriores, el presidente de este órgano, el socialista Francesc Vallès, propuso conceder a Merino un plazo de diez días hábiles para presentar sus alegaciones.

ALEGACIONES POR ESCRITO

El Reglamento da la facultad al diputado para explicarse por escrito o mediante una comparecencia, pero, también en aras de los precedentes y para evitar una suerte de interregatorio a Merino, se le ha pedido que lo haga de forma escrita. En el Congreso sólo recuerda el caso de un parlamentario que prefirió pronunciarse oralmente en un trámite de este tipo.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó esta mañana que tanto su formación como el propio Merino han mostrado su deseo de que el suplicatorio sea concedido y de que el trámite concluya cuanto antes.

Así las cosas, Merino podría no agotar el plazo de diez días fijado hoy y limitarse a presentar un escrito alegando su inocencia y solicitando a la Comisión del Estatuto del Diputado que se pronuncie a favor de la autorización solicitada por el Supremo.

Una vez que el diputado presente sus alegaciones, la Comisión volverá a reunirse para estudiarlas y elaborar su dictamen, que deberá someterse a votación en el siguiente Pleno ordinario. Dado que todos los grupos han anticipado su intención de votar a favor del suplicatorio, aún si Merino agotara el plazo y remitiese su escrito el día 18, todo el proceso podría quedar concluido este mes.

MERINO PODRÁ CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓN

En cualquier caso, antes de emitir sus alegaciones, Merino podrá consultar la documentación remitida por el Tribunal Supremo en compañía de un abogado o de quien estime oportuno. Para evitar posibles filtraciones en un caso que aún permanece bajo secreto de sumario, Vallès decidió no distribuir la documentación entre los miembros de la comisión, sino que ha preferido dejarla bajo custodia de la Cámara para que sólo sea consultada, no copiada.

Por decisión del presidente del Congreso, José Bono, esta información permanece custodiada por el secretario general de la Cámara Baja, Manuel Alba Navarro, en la 'caja fuerte' de la sede parlamentaria desde que fue remitida por el Tribunal Supremo.

En su reunión de hoy, la Comisión del Estatuto del Diputado también acordó que los miembros de este órgano que lo consideren pertinente puedan consultar el suplicatorio con 'cita previa'.

Una vez que el Pleno se pronuncie sobre el suplicatorio, el presidente del Congreso deberá informar de la decisión al Tribunal Supremo en los siguientes ocho días. El Reglamento del Congreso establece que un suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se ha pronunciado en "el plazo de sesenta días naturales, que en este caso concluyen el 2 de noviembre, pero se espera resolver la cuestión semanas antes de esa fecha.

En esta etapa democrática se han aprobado un total de 26 peticiones y se rechazaron otras 13. Entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.