MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Congreso ha acordado este lunes solicitar a los servicios jurídicos de la Cámara un informe para determinar cómo debe dar cumplimiento el portavoz parlamentario de ERC, Alfred Bosch, a la sentencia que le obliga a rectificar las acusaciones que vertió hace casi un año contra el alcalde de Alcobendas (Madrid), el 'popular' Ignacio García de Vinuesa, cuyo nombre incluyó por error en una relación de imputados y condenados por corrupción durante una intervención en el Pleno.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el órgano de gobierno de la Cámara ha tomado esta decisión después de que el propio Bosch elevara un consulta para saber cómo debía cumplir esa sentencia.
Los hechos se remontan a noviembre del año pasado cuando, desde la tribuna de oradores del Congreso y en un debate en el que también participó el presidente Mariano Rajoy, Bosch citó a García de Vinuesa junto con otros nombres de dirigentes políticos que habían sido imputados, condenados o encarcelados por delitos de corrupción.
García de Vinuesa interpuso una demanda contra Bosch alegando que él no encajaba en ninguno de esos supuestos ya que, en su caso, sólo tuvo que declarar en un juzgado a instancias de una denuncia del PSOE que acabó archivada en 2011.
RESUELTO PEN UN JUZGADO DE ALCOBENDAS
Ahora un juzgado de Alcobendas le ha dado la razón y ha obligado a Bosch a rectificar sus acusaciones, según han informado las mismas fuentes, en el mismo lugar donde las hizo, es decir, el hemiciclo del Congreso. Serán los servicios jurídicos de la Cámara los que concretarán cómo debe hacerlo y la rectificación se hará efectiva en uno de las tres sesiones plenarias que se celebrarán antes de la disolución de las Cortes a finales de octubre.
Pero este asunto ha llevado a otro debate en la Mesa del Congreso, algunos de cuyos miembros han mostrado su sorpresa por el hecho de que un juzgado de primera instancia se haya pronunciado sobre una demanda interpuesta contra un diputado, pese a disfrutar de fuero parlamentario.
En principio, todos los casos en los que hay implicados aforados deben derivarse al Tribunal Supremo y es el alto tribunal el que ha de solicitar suplicatorio a la Cámara correspondiente si quiere investigar a un parlamentario.
EL PRECEDENTE DEL JUICIO DE TRÁFICO ANULADO
En 2012, el portavoz del PP en la Comisión de Defensa del Congreso, Vicente Ferrer, fue sometido con su aceptación a un juicio rápido después de dar positivo al volante en un control del alcoholemia, pero en este caso el mismo juez que le condenó al pago de una multa y a estar ocho meses sin carné de conducir anuló el procedimiento al percatarse de que era aforado y remitió el asunto al Tribunal Supremo.
Aquel juez juzgó a Ferrer porque éste en ningún momento comunicó su condición de aforado ni a la Policía ni al juzgado y, en el caso de Bosch su defensa tampoco ha hecho valer su estatus y, de hecho, en su escrito al Congreso daba por aceptada la sentencia.
En todo caso, en la Mesa de la Cámara no descartan que el presidente del Congreso, Jesús Posada, se ponga en contacto con el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para comentarle el caso de Bosch, dado el precedente que pueda crear.