MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados ha decidido remitir al Tribunal Supremo la demanda contra las Cortes Generales que recibió la semana pasada de un juzgado de Barcelona, en la que se le avisaba de que, si no contestaba en dos semanas a ese emplazamiento civil, iba a ser declarado en rebeldía procesal, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
La semana pasada, la Mesa de la Cámara Baja estudió el citado escrito y decidió que fuera el secretario general del Congreso, Manuel Alba, el que resolviera el asunto ante la "perplejidad" que el mismo había causado entre sus integrantes.
El tema ha vuelto a ponerse encima de la mesa en la reunión que esta mañana han mantenido sus miembros, en la que se ha determinado que se enviará al Supremo dicho emplazamiento judicial para que sea el que se encargue de estudiarlo, dado que este tribunal es el que ha de mediar en asuntos relacionados con el Parlamento.
El escrito, al que tuvo acceso Europa Press, tiene su origen en una demanda de juicio ordinario contra las Cortes Generales que una particular interpuso en marzo de 2007 en Barcelona alegando que una ley aprobada por el Parlamento con medidas para la mejora del empleo ocasionó una "clara y evidente" discriminación.
En concreto, se señalaba que, entre otras distinciones, aquella ley establecía exenciones del cien por cien a los empleadores de discapacitados y, en cambio, cuando los discapacitados trabajan por cuenta propia (autónomos), la exención se limita al 50 por ciento. El objetivo de la demanda es igualar las ventajas fiscales, sean los discapacitados trabajadores por cuenta ajena o autónomos.
LA AUDIENCIA DE BARCELONA RECHAZÓ ARCHIVARLO
En un primer momento, el Juzgado de Instrucción número 56 de Barcelona no admitió la demanda al entender que las Cortes no tienen "personalidad procesal" como para ser demandadas. Los demandantes recurrieron y, un año después, la Audiencia Provincial les dio la razón y revocó la inadmisión de la acción civil.
En ese contexto, el mismo Juzgado de Barcelona decidió trasladar la demanda a las Cortes (Congreso y Senado) emplazando a sus representantes a comparecer en el juicio como parte demandada en el plazo de veinte días hábiles.
La demanda llegó al Congreso sin pasar por el Tribunal Supremo e incluyendo una serie de "prevenciones legales" conminatorias. De entrada se avisaba de que, si el Parlamento no comparece en la causa, por medio de procurador y con asistencia de abogado, será declarado en rebeldía procesal.
